El martes 22 de marzo se ha presentado en rueda de prensa la plataforma ALIENTE en Guadalajara para denunciar que, en Castilla-La Mancha y, en particular en Guadalajara, tanto el Gobierno central como el autonómico, han optado por un modelo de transición energética basado en la implantación de grandes parques eólicos y fotovoltaicos a gran escala que están provocando la ocupación de miles de hectáreas de suelo rústico con afecciones muy negativas a áreas de alto valor agrícola, cinegético, paisajístico, ecológico, social y cultural.
Se trata de la formalización a nivel provincial de la organización ALIENTE, creada en 2020, cuyo posicionamiento en biodiversidad es apoyado por más de 270 investigadores. ALIENTE se ha convertido en una alianza de ámbito nacional que aglutina a más de 205 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Lucha por un modelo más racional y distribuido, basado en el ahorro y la eficiencia energética, en el autoconsumo y las comunidades energéticas. Se trataría de aprovechar las virtudes de las energías renovables y reducir sus impactos, acercando la producción de energía a los puntos de consumo y favoreciendo la democratización de la energía y la reducción de la pobreza energética. A su vez, ALIENTE, asumiendo que la construcción de plantas grandes de energías renovables es necesaria para lograr los objetivos de la transición energética, aboga por la priorización de un criterio científico, ordenado y planificado que minimice sus impactos negativos.
Por lo que respecta a Guadalajara, se denuncia que la provincia está sufriendo una auténtica avalancha de proyectos de mega plantas (llegando algunos a ocupar más de 500 hectáreas), que la Junta de Comunidades está tramitando sin atender a las alegaciones más importantes que están presentando organizaciones ambientalistas, plataformas vecinales e incluso ayuntamientos. Parece haber optado por un modelo de desarrollo que pone el territorio en manos de intereses ajenos, como si la principal función de la provincia fuese servir de colonia energética para Madrid. Mientras, nuestros pueblos languidecen por falta de servicios, trabajo e innovación y ven cómo se debilita aún más su débil tejido social y productivo; además de afectar gravemente a la biodiversidad de la provincia, cuya defensa es uno de los pilares básicos de la Ley de Transición Energética.
La plataforma hace hincapié en la demagogia de administraciones y empresas, dirigida a la opinión pública y a potenciales votantes, sobre el gran desarrollo socioeconómico que proporcionan estas instalaciones industriales. La realidad es bien distinta dado que, en ningún caso crean puestos de trabajo estables, ni durante ni después de su construcción; al contrario, contribuyen claramente a la destrucción de los sectores agropecuario, cinegético y turístico, agravando los problemas de despoblación, envejecimiento y falta de cohesión comunitaria que sufre Guadalajara. De esta situación se aprovechan las empresas para agilizar sus proyectos, ya que cuentan a su favor con una menor capacidad de reacción y movilización en estas zonas despobladas y vulnerables.
Critican que la elección de las ubicaciones donde se implantan los parques eólicos y fotovoltaicos se deje en manos del oligopolio energético sin haberse realizado previamente una mínima planificación energética y territorial rigurosa y científica y, por supuesto, sin un mínimo consenso con los agentes sociales del territorio, dejando la transición energética en manos de la voracidad de unas compañías privadas cuyo oligopolio está provocando una auténtica burbuja especulativa.
Denuncian que, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se están obviando principios tan básicos como la protección del suelo rustico, del medio ambiente y del paisaje, e incluso la competencia urbanística de los ayuntamientos. Ponen como ejemplo el recorte del perímetro del único Paisaje Protegido de la provincia en tramitación (Río Ungría) con el objetivo de beneficiar la implantación de varias plantas fotovoltaicas.
En consecuencia, el grupo ALIENTE en Guadalajara se presenta con un triple objetivo. Primero, concienciar sobre la gran amenaza que supone este tipo de proyectos para los territorios de nuestros municipios (pérdida de suelo fértil y biodiversidad, riesgo de convertirse en vertederos de chatarra industrial) y denunciar abiertamente las prácticas fraudulentas toleradas por las distintas administraciones públicas (engañosos y abusivos contratos de arrendamiento del suelo, fragmentación de proyectos, recurso a la ley del sector eléctrico que permite la expropiación por utilidad pública cuando las grandes beneficiadas son las empresas privadas promotoras y explotadoras de las instalaciones). Segundo, dar cobertura a aquellas demandas y alegaciones que surjan a nivel local, poniéndose a disposición de los municipios, asociaciones y vecinos que se sientan perjudicados, ante la absoluta desprotección que actualmente están sufriendo por parte de la administración autonómica. Tercero, difundir que es preciso un modelo de transición energética que beneficie a las personas y no solo a las grandes empresas; un modelo que sea realmente sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, con el máximo respeto a los territorios, las economías locales y la biodiversidad.
