La Ley del Tercer Sector Social presentada ayer por el Gobierno de Emiliano García-Page en las Cortes de Castilla-La Mancha fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el parlamento autonómico. Una nueva norma que “define, ordena y regula el tercer sector, el trabajo de las entidades sociales para que nadie se quede nunca atrás o al margen, por más que tenga que afrontar dificultades”.
De este modo valora la diputada regional por Guadalajara, María Jesús Merino, la importancia de esta ley de la Consejería de Bienestar Social que el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en Toledo alumbraba ayer de forma unánime y que en la provincia de Guadalajara beneficiará a 40 entidades dedicadas a este sector y a más de 36.000 usuarios en situación de vulnerabilidad dentro de las áreas de dependencia, promoción social, mayores, menores y discapacidad.
Merino ha explicado que esta ley, la primera que se aprueba en el segundo periodo de sesiones de la Cámara regional, ha gozado del máximo consenso al ser aprobada por los tres grupos con representación y que “da cumplimiento al compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el sector”, cuyos representantes han participado activamente en la redacción del proyecto.
La ley incluye como novedades la creación de un inventario de entidades de la región, el establecimiento de principios rectores y obligaciones, la creación de una comisión para el diálogo civil o el compromiso de diseñar una Estrategia del Tercer Sector. Entre sus principales acciones se encuentra también que el concierto social sea la fórmula para prestar servicios públicos.
“Si algo nos distingue a los socialistas es que gestionamos para que el progreso de la ciudadanía se establezca siempre con criterios de máxima igualdad, con alma y con sensibilidad”, ha subrayado la también alcaldesa socialista de Sigüenza.
En marcha la Comisión de Despoblación
Merino ha valorado además la puesta en marcha de un calendario de intervenciones en la ‘Comisión de estudio sobre despoblación’ que ella misma preside en el parlamento autonómico y que en su reunión de ayer, tras la sesión plenaria, fijó un listado de 54 intervinientes -abierto a incorporaciones-. Las comparecencias empiezan el próximo 11 de febrero con el Comisionado para el Reto Demográfico de la Junta, el guadalajareño Jesús Alique.
“Los trabajos son inminentes e inmediatos”, ha subrayado Merino, para quien resulta destacable “el consenso” entre los grupos para avanzar en una materia en la que el PSOE regional está mostrando su liderazgo a través de las políticas de apertura de centros médicos y de urgencias o de colegios en pequeños municipios, así como con la elaboración de una ley específica sobre despoblación que fue anunciada por el presidente Emiliano García-Page en el arranque de su segundo mandato.
Entre los intervinientes de la provincia de Guadalajara se encuentran el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, el experto de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez -también en la primera jornada de comparecencias-, los grupos comarcales de desarrollo local Adel Sierra Norte, Fadeta, Adesur, Adac y Molina de Aragón-Alto Tajo, la asociación agrícola Apag y, entre otras personalidades, Francisco Burillo, experto aragonés muy vinculado a la provincia a través del proyecto Celtiberia.
El objetivo es que pasen por la comisión de estudio los más de 50 intervinientes a lo largo de todo este año 2020 y que en enero de 2021 se redacten unas conclusiones, cara a alcanzar un pacto regional sobre despoblación.
