Emiliano García-Page está siendo investigado por Bruselas y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por el recorte de las ayudas a los agricultores ecológicos, así lo ha anunciado la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real.
Según ha afirmado, el recorte de Page del 70% de las ayudas a los agricultores ecológicos hace inviable económicamente el mantenimiento de la producción ecológica en Castilla-La Mancha, además, ha recordado que la decisión del Gobierno de Page de cambiar los criterios de selección supuso la expulsión de más de 3.000 agricultores de vocación ecológica.
Lola Merino ha señalado que Page cambió la norma y aprobó un recorte de las ayudas un año después de estar publicada la convocatoria y después de dos campañas de siembra ecológica, lo que supuso la ruptura del contrato de cinco años de los agricultores ecológicos con la Junta de Castilla-La Mancha.
En su opinión, es tal gravedad del asunto y el maltrato de Page a los agricultores ecológicos que han llevado su denuncia al Defensor del Pueblo, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que no descarta enviar una misión de investigación a la propia Consejería de Agricultura para investigar las actuaciones del Gobierno de Page ante la falta de respuesta antes las institución europeas.
Es incomprensible, según ha manifestado, que el Gobierno de Page, con un presupuesto de casi 1.500 millones de euros en el Programa de Desarrollo Rural, no pudiera destinar 30 millones más para atender todas las solicitudes de los agricultores, “dinero había, agricultores también pero faltó el compromiso del Gobierno de Page, que prefirió gastarse los fondos europeos agrarios en el pago de prebendas y acomodo laboral de socialistas antes que destinarlo a las ayudas de los agricultores ecológicos”.
Finalmente, Merino ha acusado al Gobierno de Page de llevar a cabo “una política agraria de destrucción de la agricultura y la ganadería en esta región, porque todo lo que toca acaba en los tribunales, como ha ocurrido con los ecológicos, con las zonas ZEPA, con el Leader o con la caza. Lo peor, en su opinión, es que el coste millonario de las irregularidades cometidas por el Gobierno de Page contra los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha posiblemente tenga que ser asumido por todos los castellano-manchegos en el futuro.
