Más de mil personas se han concentrado y se han manifestado por las calles de Mérida este sábado para clamar contra la “sinrazón” que supone la decisión del Tribunal Supremo de incluir peces como la carpa, la trucha arco iris y el lucio en el catálogo de especies invasoras.
Convocados por la Plataforma en Defensa de la Pesca, hasta la capital extremeña han llegado aficionados a la pesca procedentes de toda la geografía regional y también de otros puntos del país, entre ellos Zamora, Córdoba o Valencia. En la concentración se ha leído un manifiesto y representantes de los clubes y colectivos afectados han tomado la palabra para reclamar una solución al problema.
Junto a los afectados han estado representantes de los dos principales partidos políticos en la región, el PSOE y el PP, en apoyo del sector. De hecho, en las próximas semanas se debatirá en la Asamblea de Extremadura una iniciativa que pretende impulsar los cambios legislativos para que esta decisión judicial no afecte a esta práctica deportiva que mueve cientos de millones de euros en esta comunidad, la que más kilómetros de agua dulce tiene en todo el país, y que cuenta con 140.000 licencias.
Uno de los coordinadores de la plataforma, Carlos Bueno, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que la concentración pretende transmitir a las administraciones y a la sociedad en general que la sentencia “no es un problema de pesca, es un problema social, de puestos de trabajo, de despidos y de dejar de facturar miles de millones de euros” en el país.
Según ha señalado, la sentencia, que estima un recurso presentado por Ecologistas en Acción, Aems ríos con vida y SEO Birdlife, es un “capricho” contra unas especies que llevan “muchos años” en las aguas españolas para las que ahora se contempla una “acción inmediata de erradicación”.
“Es un sinsentido que hasta la propia Administración se está dando cuenta de la repercusión que está teniendo”, ha señalado Bueno respecto a las muestras de apoyo recibidas desde el ámbito político, si bien ha señalado que este asunto se ha producido en una situación en la que el ejecutivo en funciones sin capacidad “para tomar determinaciones importantes”.
En este sentido, el diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura Carlos Labrador, que ha felicitado a la plataforma convocante y al colectivo de los pescadores por esta “reivindicación legítima”, ha señalado que se trata de “un verdadero problema social y económico” para Extremadura y para el país.
Así, ha mostrado el apoyo de su partido al colectivo, que se plasma en la presentación en la Asamblea de una iniciativa que se debatirá en el Pleno de la próxima semana, en la que solicita al Gobierno central que “tome cartas en el asunto”. En concreto, reclama una paralización de la sentencia del Tribunal Supremo y que se hagan las modificaciones legislativas que correspondan y sobre las cuáles la propia sentencia da “muchas pinceladas” de cómo se debe proceder.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Antonio Echávarri ha reiterado su apoyo a la pesca como una actividad deportiva, pero también por su impacto económico en la región, al tiempo que ha defendido que los pescadores son quienes “mejor conservan la naturaleza, al igual que los cazadores”.
“Es una auténtica sinrazón”, ha señalado sobre la sentencia, que implica la muerte de las carpas, y que según ha dicho es una especie que “no contamina las aguas”.
Por ello, ha defendido la unidad de acción de los responsables políticos para solventar la situación generada por una decisión judicial, y en este sentido ha anunciado que apoyará la iniciativa planteada por el Grupo Socialista.
“En esto no tiene que haber luchas políticas, tenemos que estar todos unidos en defender una actividad deportiva, de ocio y conservación de la naturaleza como la que representan los pescadores”, ha concluido.
