Más de 200 religiosas, pertenecientes a la Asociación privada Lumen Dei, han pedido al juez que investiga las supuestas irregularidades en la gestión económica de la organización que cite como investigado a su máximo dirigente y arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y al obispo de Cuenca, José María Yanguas.
En un escrito, al que ha tenido acceso Efe y recoge El Digital de Castilla-La Mancha, la asociación solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid la comparecencia de Sanz, que está acusado por 268 religiosas de realizar ventas irregulares del patrimonio de la institución por 12,7 millones de euros.
Las misioneras, que piden citar a otras tres personas más como investigadas, les acusan de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, estafa y usurpación de la personalidad.
Ellas afirman que Lumen Dei se divide en tres organizaciones independientes aunque las tres utilicen las palabras «Lumen Dei».
Se trata de la Asociación Lumen Dei, aprobada en Valencia en 1975 y que es la que dispone de todo el patrimonio; la Asociación Unión Sacerdotal Lumen Dei erigida en Cuenca en 1986; y la Unión Lumen Dei constituida en Cuenca en 1986 y que es la que depende del Vaticano.
Y añaden que la Santa Sede nombró Comisario Pontificio de la Unión Lumen Dei a Sanz, aunque éste «maniobró» para proclamarse también el líder de la asociación, según explican a Efe.
Por ello, entienden que el arzobispo de Oviedo no puede vender pisos ni edificios sobre los que no tiene potestad alguna.
Conflicto activo desde 2009
El origen del conflicto se remonta a 2009 cuando tras el nombramiento de Sanz, éste acudió a un notario para hacer una escritura de aceptación del cargo, con el beneplácito de un escrito del obispo de Cuenca, y conseguir un poder notarial para registrar la asociación y la unión en el Ministerio de Justicia como una única «Lumen Dei» bajo su mando.
De esta forma se aseguró el control de ambas asociaciones, pese a que su autoridad solo la puede ejercer a nivel canónico. No puede jamás, dicen las misioneras, gestionar el patrimonio de una asociación para la cual nunca fue nombrado, pues Roma no tiene competencia sobre un ente privado.
No obstante, la otra parte afirma a Efe que no existen tres asociaciones diferentes y, por tanto, Sanz puede realizar ventas. Es más, asegura que esas 268 personas son exmiembros de Lumen Dei y están ocupando ilegalmente inmuebles que no les pertenecen.
Ante esta situación, el juez pidió a la Conferencia Episcopal, al Ministerio de Justicia y a los Obispados de Cuenca y Valencia, sedes fundadoras de las asociaciones, que remitieran una serie de documentos.
Y fue aquí cuando la Conferencia Episcopal envió un decreto de junio de 2016 del Vaticano que dice que el comisario pontificio es para toda la obra de Lumen Dei, aunque ellas insisten en que la Iglesia no puede intervenir la asociación porque es privada.
Sea como fuere, este decreto evidencia para ellas que hasta esa fecha, el arzobispo de Oviedo no tenía competencia para manejar la asociación privada y, por tanto, disponer de su patrimonio, lo que a su juicio demuestra que todas las ventas hasta 2016 son irregulares.
«Los denunciados están disponiendo del dinero de la asociación Lumen Dei y de sus bienes, sin consentimiento de los órganos de representación de la misma y de sus asociados», añade el escrito.
Ventas por más de 12 millones de euros
Fue en 2011 cuando Sanz comenzó a vender los principales bienes de la asociación: El Colegio Saint Mary de Pozuelo de Alarcón (Madrid), los inmuebles de los números 17, 19 y 21 de la calle Xuclà de Barcelona y el edificio de Maestro Ripoll 14 en Madrid.
Dichas ventas alcanzaron un valor de 12,7 millones de euros y salvo el colegio, en los otros cuatro inmuebles aún viven las misioneras, que han recibido ya las cuatro ordenes de desahucio.
Las religiosas dicen a Efe que no entienden el por qué de las ventas, que Sanz no ha contado con nadie, y desconocen a dónde ha ido a parar el dinero, cuando ellas se dedican a las misiones y apenas tienen fondos para continuar con la obra social de la asociación.
Por eso se preguntan: ¿Para qué quiere liquidez si no hace obra?». Todo ello se lo han hecho saber a Sanz, pero éste guarda silencio.
Al margen de esta causa, la Audiencia de Madrid acordó recientemente reabrir otra causa en los mismos términos contra Sanz que fue previamente archivada por el Juzgado de Instrucción 22 de Madrid.
