La que fuera alcaldesa de San Clemente durante la pasada legislatura y actual concejal y portavoz del Grupo Popular, Marisol Herrera, ha negado que el Tribunal de Cuentas se haya pronunciado sobre las indemnizaciones cobradas por los concelajes del equipo de Gobierno en la legislatura 2015-2019 y que haya reclamado las cantidades percibidas en ese periodo.
Herrera, en una nota de prensa remitida a este diario, asegura que dichos actos administrativos se dictaron, bien con el informe favorable del Secretario de la corporación municipal, o sin reparo alguno por su parte. «En ningún momento se advirtió de ilegalidad alguna en la adopción de dichos acuerdos por aquellos que tienen entre sus funciones el asesoramiento y la tutela de la legalidad de las decisiones de las autoridades municipales», afirma tajante.
En este sentido, asegura que tampoco la Subdelegación del Gobierno advirtió de ilegalidad alguna en su día, y además, «nadie a lo largo de estos años, ha recurrido dichos acuerdos habiéndolo podido hacer, ni siquiera el grupo municipal socialista de la corporación sanclementina».
Recuerda en la nota de prensa que a cada uno de dichos actos administrativos se le dio la publicidad requerida por la ley, y en consecuencia, cualquier persona podría haber interpuesto un recurso contra los mismos. «No había nada que ocultar porque el objeto de los acuerdos adoptados en su día pretendía compensar la dedicación y los gastos que supone el desempeño del cargo de concejal del Ayuntamiento de San Clemente. Como todos sabemos, actualmente los concejales del equipo de gobierno municipal están percibiendo una serie de retribuciones bastante mas cuantiosas que las que ahora quieren anular. De hecho, el coste para las arcas municipales por cada concejal del equipo de gobierno fue en la corporación 2015-2019 de 520 euros mensuales de media, y en la actual es de 874 euros mensuales de media, es decir, un 68,05 % más», añade.
Aclara, a este respecto, que se pretenden ahora revisar una serie de actos administrativos dictados entre los años 2015 y 2019, ya que, al parecer, los emolumentos recibidos por los concejales del anterior equipo de gobierno municipal, no deberían de haber sido entregados en concepto de indemnización sino de retribución. «Estamos ante un mero tecnicismo administrativo, es decir, la discusión es, si la percepción de una remuneración por la dedicación al cargo los es como indemnización o como retribución».
Además, recalca que el Tribunal de Cuentas ya ha dictado sentencias en supuestos similares. Dichas sentencias, consideran que, aunque se prescindiera de su correcta denominación jurídica, las indemnizaciones aprobadas con el mismo objeto por otras corporaciones, no se podían considerar ilegales, e incluso establece que: “Obligar al reintegro de las cantidades percibidas supondría, un enriquecimiento injusto” para la corporación, lógicamente. La última de las sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas – que conoce la Alcaldesa de San Clemente, asegura Herrea – se dictó meses después de aprobarse el acuerdo de pleno de fecha 22 de junio de 2015, que ahora, después de más de seis años, pretende anular.
