La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Castilla-La Mancha, Mª Ángeles Font, ha inaugurado las jornadas de actualización de conocimientos dirigidas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que durante dos días se están realizando en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara y en la que participan 70 guardias civiles de la provincia y los jefes de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Guadalajara y Toledo, Francisco José Arroyo Montero y María Alcázar Ibáñez, así como Julián Sierra, ponente de las jornadas,  con el claro objetivo de ampliar experiencias y prácticas en las novedades introducidas en el sistema integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior “VIOGEN”, y establecer la importancia que tiene que unos sistemas de información compartida sean las medidas necesarias para avanzar en los planes individualizados para cada víctima.Mayo_1604

Font ha asegurado que gracias a este sistema de información, que es suministrada por las distintas administraciones con competencia en la materia  como  el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, las Unidades contra la Violencia contra la Mujer de las Subdelegaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se establece una red donde los distintos profesionales trabajan al unísono en la medición del riesgo, seguimiento, protección, prevención y asistencia social de las víctimas.

La jefa de la Unidad de Coordinación con la Violencia de Género en Castilla-La Mancha ha destacado que además se  permite mejorar la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado de atención a las víctimas de Violencia de Género “porque lo más importante es la víctima”.

“Es indudable el significativo avance que se ha logrado y el enorme esfuerzo desplegado para dar respuesta a las necesidades de todas las víctimas, ya sean de violencia de género como de trata con fines de explotación sexual”.

Font ha finalizado explicando los cambios legislativos introducidos y que afectan directamente a las víctimas  y a sus hijos, como la Ley del Estatuto de la víctima, la asistencia jurídica gratuita, y la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia.

 
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