Hace unas semanas escuchamos de boca del Presidente del Gobierno, durante una sesión en el Congreso de los Diputados, la inmediata puesta en marcha de las medidas fiscales positivas para Cuenca, Soria y Teruel, con un mensaje claro de que la despoblación no es un proceso irreversible, y que tan solo hacía falta voluntad y, por supuesto, una asignación presupuestaría.
Si bien estas medidas tendrían que haber llegado hace ya tiempo, tras obtener el visto bueno de la Comisión Europea y su posterior inclusión en los PGE de 2022, sus continuos retrasos injustificados con escasas explicaciones en sedes parlamentarias nos hacían temer lo peor, por lo que el anuncio del Presidente fue sin duda bien recibido.
Pero según se fueron conociendo más detalles, la alegría inicial se tornó poco a poco en decepción. Decepción porque aquel 20% de rebaja en los costes laborales, vía cotizaciones a la Seguridad Social, aprobados por la Comisión Europea se ha quedado en un escaso 5% para contratos indefinidos ya existentes, de un 15% para nuevos contratos en municipios de más de 1.000 habitantes y del 20% si tienen menos de esa población.
Es decir, además de generar un extra de burocracia innecesaria para la gestión de las mismas, y que tanto gusta en este país, limitamos las ayudas al 5% para quienes ya están aquí, obviando que con tan escaso ahorro no supondrá motivación alguna para aquellas empresas en dificultades que tengan que cerrar o marcharse de nuestra tierra.
Tampoco ayuda el hecho de que los autónomos no estén incluídos, ni muchas micropymes que no tienen trabajadores a su cargo, y que dada su enorme presencia en el tejido empresarial conquense, limitan enormemente la aplicabilidad de estas medidas fiscales.
Es por ello que desde Manifiesto por Cuenca piden:
- Que se aplique una rebaja del 20% en las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores y autónomos sin distinción por municipio, fecha de creación ni temporalidad. De manera sencilla y sin burocracia innecesaria.
- Que se incentive la movilidad de personas o empresas residentes en el extranjero o en provincias cuya densidad de población esté por encima de la media del país. Con ello se reduciría el posible impacto negativo que esta medida podría tener en provincias de la España Vaciada y que no es el objetivo en ningún caso de estas políticas fiscales, pues se trata de redistribuir la población desde zonas masificadas a zonas muy poco pobladas, y no de cambiar el podio de provincias despobladas de unas a otras.
- Que no se olviden otras propuestas fiscales positivas que organizaciones como la SSPA presentaron junto a detallados informes técnicos y que incluían reducciones en IRPF o Impuesto de Sociedades, y que supondrían un revulsivo aún más fuerte para la deslocalización de capital humano a las provincias más despobladas.
- Que se desarrollen y presenten medidas para controlar la residencia física de quienes se acojan a estas desgravaciones. Es muy importante que tanto empresas como particulares residan o tengan centros de trabajo permanentes en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y que se evite así el fraude. El análisis de grandes volúmenes de datos del que disponen la Agencia Tributaria o las Consejerías de Sanidad o Educación de las diferentes Comunidades Autónomas podrían emplearse para este propósito sin demasiada complejidad técnica.
