El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos necesarios para construir el Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular ‘Los Palancares’ en Cuenca. La resolución, firmada el 26 de marzo y publicada este miércoles 8 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la Consejería de Fomento, actualiza el listado de bienes y derechos afectados por este Plan de Singular Interés promovido por la Diputación Provincial de Cuenca.
El acuerdo, adoptado formalmente el pasado 23 de marzo, permite a la administración aplicar la legislación de expropiación forzosa sobre decenas de parcelas en la zona. Esta ocupación es un trámite indispensable para iniciar la ejecución de las obras, que incluyen la urbanización general del ámbito, el trazado de líneas eléctricas de alta tensión, el tratamiento de aguas pluviales, los sistemas de suministro y la necesaria ampliación de la carretera de Los Palancares. Entre los titulares afectados por estas expropiaciones y servidumbres de paso figuran numerosos propietarios particulares, empresas privadas y entidades públicas como el Ayuntamiento de Cuenca, ADIF y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Contexto y evolución
El avance administrativo de estas expropiaciones choca de manera frontal con la actual y compleja situación judicial que atraviesa el proyecto. A mediados del pasado mes de marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) comenzó a tomar declaración a diversos peritos técnicos a raíz de la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción contra el Gobierno regional y la Diputación conquense. La organización ambientalista busca paralizar la construcción argumentando graves deficiencias en los informes ambientales y advirtiendo del peligro para la biodiversidad local por su estrecha cercanía a la microrreserva del Complejo Lagunar del río Moscas, principal hábitat de la loina, una especie de pez en peligro de extinción.
A pesar de este cerco judicial y del rechazo ecologista a la ubicación elegida frente a otras alternativas con menor impacto, la maquinaria institucional no se ha detenido. El presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, ha defendido reiteradamente esta iniciativa —que sus detractores apodan internamente como el «Parque de Chana»— como una pieza clave e irrenunciable para abanderar la industria verde y la bioeconomía forestal en la provincia. Con la publicación de esta lista definitiva de ocupación de terrenos, las administraciones reafirman su firme intención de materializar los más de 600.000 metros cuadrados de suelo industrial previstos, manteniendo el pulso administrativo a la espera de lo que dictaminen los tribunales sobre su viabilidad ambiental definitiva.
