El portavoz de la Asociación de Trabajadores del Juego de Castilla-La Mancha (ATJUCALM), Juan Manuel López Moreno, ha mostrado hoy su “malestar” y “preocupación” por el contenido del anteproyecto de Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha presentado ayer por el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
El anteproyecto de ley presentado por el Gobierno prohíbe a los establecimientos de juego estar situados a menos de 150 metros entre sí y a menos de 300 metros de los accesos de los centros oficiales de enseñanza reglada. Con esta normativa, todos los establecimientos que en la actualidad tengan licencia para operar, tendrán que cerrar sus puertas al finalizar la misma. Los trabajadores han mostrado su “sorpresa” por el hecho de que esta medida sólo afecta a los establecimientos de juego y no a Bingos y Casinos que, en cambio, podrán instalarse “puerta con puerta” con un colegio.
Según el portavoz de ATJUCALM, la nueva ley del Juego “provocará que más de 700 trabajadores se vayan al paro». Los trabajadores denuncian sentirse “engañados y abandonados” por el ejecutivo regional ya que, con el texto elaborado por el Ejecutivo, «más de un 50% de los establecimientos de juego existentes desaparecerá antes de 2028 y con ellos, nuestros puestos de trabajo».
Los trabajadores de los establecimientos de juego castellano manchegos tienen preparada una “dura ofensiva” contra esta norma. De momento, tienen previsto reunirse con autoridades regionales, partidos políticos, ayuntamientos y organizaciones sindicales para exponerles su situación. «Para los trabajadores es incomprensible que un gobierno progresista nos condene al paro dado que en las actuales circunstancias económicas García-Page sabe que es misión imposible encontrar empleo en nuestra región».
Los trabajadores y trabajadoras de ATJUCALM exigen a los poderes públicos un esfuerzo de concertación social que permita el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Por ese motivo, piden al Gobierno regional que cualquier reforma del sector del juego se realice «con el consenso y el diálogo con el sector y en concreto con los trabajadores».
