Acaba de presentarse por la ministra Montero el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, iniciando su trámite parlamentario, siempre dificultoso para un gobierno de coalición con diferentes sensibilidades. Este presupuesto es de cierta trascendencia ya que el calendario de las próximas elecciones generales puede hacer que se ejecute no solo en 2023 sino que se prorrogue hasta 2024, por lo que sería un Presupuesto con virtualidad bianual.
A grandes rasgos, intentaremos hacer una serie de puntualizaciones para poner en sus justos términos algunas afirmaciones que, por reiterativas, pueden desvirtuar la realidad de los mensajes que unos y otros están lanzando sobre la filosofía del presupuesto. Es cierto que el techo de gasto, de 198.221 m€, es el de mayor volumen de la historia presupuestaria española. Sin embargo, este dato ni confirma ni desmiente la bondad del mismo que depende de la orientación de las políticas públicas generales y de su eficaz ejecución, y tampoco sirve para caracterizarlo como expansivo, porque dependerá del saldo estructural y parece que el componente cíclico es muy marcado por la inercia de las principales partidas presupuestarias.
El incremento de gasto respecto a 2022 es de 28.900 millones, de los cuales 19.500 irían destinados al aumento de las pensiones. Decir que estos son los Presupuestos más sociales de la Historia es una tautología que se irá confirmando año tras año si consideramos que las pensiones son gasto social y que seguirán incrementándose año tras año, gobierne quien gobierne. Así que sí, es cierto, pero también el siguiente y el siguiente y así sucesivamente, salvo hecatombe.
Pensiones, transferencias a otras administraciones y servicio de la Deuda Pública, suponen prácticamente 2/3 del Presupuesto y seguirán creciendo por la jubilación de la generación del baby boom, de manera que, por mucho que crezcan los ingresos de la Seguridad Social, una parte sustancial de los tributos del Estado irá a cubrir el déficit de la SS en detrimento de otras políticas públicas, y esto conviene tenerlo en cuenta. Por su parte el servicio de la deuda pública es difícil que, en un futuro próximo, se mantenga como hasta ahora, dada la anomalía que ha supuesto financiar gastos del Estado a tipos cero o muy reducidos en mercados financieros.
Los mayores incrementos se producen en Gestión de la Seguridad Social, Subvenciones al transporte, investigación civil, Sanidad y Defensa. Los gastos en defensa experimentan un incremento sustancial desde 2016, acelerado en los presupuestos del 2023 por los compromisos asumidos con la OTAN a partir de la crisis Rusa-Ucraniana.
Por su parte, la credibilidad de las partidas que se apoyan en la aplicación de los Fondos Next Generation, ¡así denominados porque los pagarán las futuras generaciones!, es muy limitada dada la experiencia en la ejecución de los fondos presupuestados en este ejercicio presente, debido a la ingente burocracia que exige su solicitud, seguimiento y control. Otro tema controvertido es el reparto que realiza el Estado de las inversiones territorializadas por CC.AA. Si verdaderamente hay vocación de solidaridad interterritorial, el Estado dispone de este instrumento para repartir las partidas inversoras en proporción inversa a la riqueza de cada comunidad para que puedan financiarse proyectos que permitan garantizar un capital público estatal razonable en todos los territorios para fomentar su desarrollo y contribuir a luchar contra la despoblación por falta de infraestructuras básicas. No tendría mucho sentido que las Comunidades más ricas, que disponen de recursos suficientes, sean además las mayores receptoras y beneficiarias de estos fondos, contribuyendo a ampliar la fractura territorial.
Respecto a los ingresos que financiarían este gasto, las previsiones están fundadas en un cuadro macroeconómico obsoleto, desde su concepción como lo atestiguan entidades tan solventes como el Banco de España, por lo que las estimaciones pueden estar infladas y poner en peligro el 3,9% de déficit previsto. No obstante, en un contexto inflacionario, sin corrección de las tarifas progresivas y tipos de los impuestos fundamentales, se puede generar por progresividad en frío una recaudación adicional, no considerada en el documento, que nos aproxime a ese déficit. De ahí la obsesión del Gobierno por no deflactar tarifas ya que la inflación es un impuesto silente pero muy injusto en la distribución de cargas impositivas. Continuaremos… Por ahora, ¡unas pinceladas a vuela pluma!
Opinión de Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha
