Las organizaciones sindicales ACAIP, CCOO, CIG, UGT y CSIF han convocado para los próximos días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre una huelga general en todas las prisiones del país dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La situación de abandono y falta de respeto que reciben del Ministerio del Interior, ha llevado a la convocatoria de la huelga.
Tras muchos meses de movilizaciones en defensa de la mejora del servicio público de prisiones, el personal penitenciario sigue sin ver abordadas sus reivindicaciones. La llegada del nuevo Gobierno y los nuevos responsables de la Administración Penitenciaria, generó una esperanza de cambio en el colectivo, así como de recuperación de la negociación colectiva hurtada durante años por el Partido Popular. Sin embargo, el pasado día 28 de septiembre se vio frustrada de nuevo esa esperanza con la retirada de una propuesta de reclasificación de centros penitenciarios que suponía que se empezaba a corregir una brecha salarial estructural existente en prisiones. Dicha propuesta se cifraba en un incremento retributivo en el complemento específico cuyo coste era de algo más de 122 millones y medio de euros a distribuir en tres años (2019, 2020 y 2021).
El objetivo de estas movilizaciones consiste en que la Administración Penitenciaria devuelva esta su primera oferta al Grupo de Trabajo existente, se tramite y negocie y, en su caso, podamos llegar a un acuerdo.
Avanzar en la modernización de la Institución es una necesidad, así como superar la brecha salarial que existe debido a una clasificación de centros totalmente obsoleta que data de hace 30 años. Reclamamos que se cumplan los compromisos políticos manifestados y se concreten en la mesa de negociación, abordándose así el conflicto laboral de prisiones y reconociendo la importante labor social que desarrollamos.
En Instituciones Penitenciarias existen 3.400 vacantes sin cubrir, a lo que hay que añadir el envejecimiento de la plantilla. En el Centro Penitenciario de Cuenca se alcanza cerca de un 15% de plazas vacantes, a las que hay que añadir entorno a otro 15% de puestos de vigilancia interior sin cubrir por haber pasado los/as funcionarios/as que los ocupaban a la situación de segunda actividad a partir de los 57 años de edad y con más de 25 años de antigüedad y que desarrollan fundamentalmente tareas administrativas, lo que vuelve a indicar un dato más del envejecimiento de las plantillas.
Sin el personal suficiente no se puede realizar el mandato constitucional que tenemos encomendado, que es la reinserción social de las personas internas.
