La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha hecho público un durísimo comunicado contra la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, que preside el socialista Emiliano García-Page. De hecho, la Plataforma ha criticado que «lo que en campaña electoral era prioridad del Gobierno actual, se ha convertido en una vuelta de tuerca a la política que se está llevando a cabo con este colectivo».
Por todo ello, anuncia un «otoño caliente en Dependencia» y asegura: «Creíamos que no tendríamos que volver a hacer convocatorias tan dolorosas como nos vimos obligados con Cospedal, pero no dudaremos en sacar a la calle a este colectivo para vergüenza de nuestros dirigentes regionales y hacerles ver que la política que se está llevando está generando el más absoluto rechazo por parte de las personas en situación de dependencia». «Las fotografías y la autopropaganda que se está intentando dar la Consejería de Bienestar Social no ha conseguido enmascarar la realidad que miles y miles de dependientes sufren día a día», añade la Plataforma en su texto de denuncia.
Según el colectivo de dependientes, «los expedientes que están esperando a ser tramitados y, por tanto, se encuentran en los cajones de la Consejería de Bienestar Social, han aumentado durante el mes de julio y ya son dos meses en los que esto ocurre». En el séptimo mes del año, según la Plataforma tras analizar los datos publicados por el IMSERSO, hay 187 personas dependientes mas «olvidadas y perdidas en la burocracia de la Consejería». «En estos momentos 3.559 dependientes no están ni valorados. ¿Cuántos de ellos fallecerán sin haber sido visitados por un valorador?», se pregunta.
«En 14 meses de Legislatura solo se han rebajado en 1.899 los expedientes paralizados, cuando el compromiso, tanto en campaña electoral como en el discurso de investidura del presidente de nuestra región fue terminar en un año con las 5.458 solicitudes pendientes de valorar que había a la llegada de este Ejecutivo», recuera la Plataforma, que asegura además que «sigue habiendo una cantidad vergonzosa de dependientes sin atender con grado reconocido y, por tanto, con derecho a recibir alguna prestación o servicio». «Seguimos con la misma política del Gobierno anterior, consistente en dejar que el paso del tiempo haga su trabajo y las muertes de estas personas hagan que vayan bajando las listas de espera», añaden.
Por si fuera poco, la situación de los cuidadores familiares, que en muchos casos atienden a los dependientes en situaciones más extremas, muchos de ellos niños, no ha mejorado en los últimos meses. «A nivel nacional sus prestaciones llevan seis meses aumentando mientras que en Castilla-La Mancha no han dejado de disminuir en todos los meses de Gobierno de este Ejecutivo», al que acusan de dejarles «en la más absoluta desprotección». Según la Plataforma, los cuidadores familiares «fueron en la anterior legislatura bandera del partido que sustenta a este Gobierno» y ahora «están siendo tratados aún peor por la Consejería».
A ello añade que se «sigue olvidando» el derecho que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró, a instancia del recurso de la Plataforma, nula de pleno derecho la orden de prestaciones anterior. «Se están enviando, de forma masiva, reclamación de cantidades, supuestamente cobradas de forma indebida, cuando desde la Consejería son perfectamente conscientes de la ilegalidad de estas reclamaciones», añade.
Comunicado de la Junta
Horas después de la denuncia de la Plataforma, la Junta publicaba otra nota de prensa en la que asegura que «el Gobierno de Castilla-La Mancha ha consolidado en 12 meses la recuperación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia-SAAD en Castilla-La Mancha».
En palabras de la directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, tras conocer los datos publicados por el IMSERSO referidos al mes de julio de 2016, en el primer año del Gobierno de Emiliano García-Page «se han incrementado en 5.259 personas los beneficiarios del SAAD en la región», al tiempo que «se han reducido en 2.584 las personas con solicitudes pendientes de valorar», del mismo modo que «se han sacado a 5.903 personas del llamado «limbo de la dependencia».
Al mismo tiempo, la directora general ha destacado que «hemos bajado los tiempos de espera, que son ahora un 41,4 por ciento inferiores a los de enero de 2015», ya que «frente a unos tiempos de demora para ser valorados, referidos a enero de 2015, de unos 10,5 meses de media, se han acortado hasta los 8,4 meses en junio de 2016», ha subrayado.
Todo ello, ha afirmado Ana Saavedra, «a pesar de que en el primer semestre de 2016 se han incrementado un 31 por ciento las solicitudes de valoración y de revisión de grado o PIA, que eran 7.300 solicitudes en el primer semestre de 2015 y han sido 10.700 en el primer semestre de 2016, entre otras razones por la eliminación de las tasas y porque, afortunadamente, los ciudadanos han recuperado la confianza en que este Gobierno sí atiende sus solicitudes».
