La economia española tiene un conjunto de retos estructurales de enorme importancia para garantizar una senda de crecimiento sostenido que permita la creación y consolidación de un empleo estable y de calidad. Entre las más urgentes citaremos, sin ánimo, de ser exhaustivo, las que, en mi opinión, resultan más necesarias.
España necesita profundizar en una reforma de mercado de trabajo que nos aproxime a la práctica común en Europa, por cuanto soportamos, actualmente, una elevada tasa de paro estructural y una excesiva dependencia de la contratación temporal lo que, a su vez, genera una alta rotación y dificulta enormemente la formación de capital humano. Siguiendo con el sector empresarial, es fundamental el desarrollo de un esfuerzo inversor en sectores con alta productividad y valor añadido y/o que permitan reducir los costes de los restantes sectores, como es el caso de la energía. En este sentido, resulta imperioso articular un plan estratégico de revisión del mercado de la energía con el fin de definir una mix energético razonable y estable y que no penalice, via costes energéticos, a la industria española en términos comparativos. Desde una perspectiva más estructural, la mejora de la productividad de las Pymes es requisito básico para incrementar la productividad global ya que que son las que lastran la productividad del conjunto de la economía española. En este sentido, cualquier incentivo a la conversión de PYMES en empresas de dimensión, favoreciendo el crecimiento de aquellas y siguiendo las recomendaciones de la OCDE, debe ser bienvenida ya que es una de las causas básicas de la falta de competitividad de nuestro país. Una de las cuestiones que parece rozar tangencialmente al mundo empresarial pero que tiene una enorme trascendencia en la toma de decisiones de inversión son las restricciones administrativas y legales para la puesta en funcionamiento de negocios y la seguridad jurídica en general. Por ello, una reforma de los procedimientos administrativos para agilizar la puesta en marcha de nuevos negocios y de la justicia económica, para hacerla más àgil y profesional, sería un elemento claramente facilitador de una mayor competitividad empresarial. Sin lugar a dudas, por lo que se refiere al reparto de los beneficios de la recuperación económica, ha llegado el momento de incrementar los salarios reales y vincularlos a la productividad de manera que una mayor capacidad económica del conjunto de trabajadores debe ser un elemento de impulso de la actividad económica en un contexto de estancamiento de otros componentes de demanda como las exportaciones.
Desde una perspectiva presupuestaria debe mantenerse el esfuerzo en los ajustes fiscales y el control y racionalización del gasto público del conjunto de las administraciones públicas, reduciendo los niveles de déficit público y endeudamiento con el fin de abrir mágenes de actuación a la política fiscal en fases de ralentización de la economía. Al mismo tiempo deben retomarse los trabajos para una revisión integral y coordinada del sistema de financiación autonómica y local con el fin, entre otros, de vincular competencias de las administraciones y financiación de estas, evitando duplicidades en la provisión de servicios y excesos de carga fiscal.
Desde una perspectiva tributaria, es necesaria una reforma que edifique un sistema fiscal neutral y eficiente, que minimice las distorsiones en la asignación de los recursos productivos que realiza el mercado y, en particular, no desincentive comportamientos económicos fundamentales como son la oferta de trabajo, el ahorro, la asunción de riesgos financieros y empresariales, y reduzca el fraude fiscal. En un momento de desaceleración económica, plantear una subida de impuestos generalizada puede resultar letal para la actividad económica, el ahorro y la inversión. No obstante, incorporar el argumento medioambiental en nuestro sistema fiscal resulta perentorio dado el retraso que, en este aspecto, tenemos respecto a nuestros socios de la UE.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, se debe abordar de forma integral, y con el mayor consenso posible, toda la problemática del envejecimiento de la población a través de un análisis integrado del sistema de pensiones públicas, sanidad y dependencia, y sus proyecciones y necesidades potenciales ya que estas tres partidas van a condicionar un comportamiento futuro, y yo diría que explosivo, del gasto público total. Dadas las necesidades que se derivan de los retos tecnológicos y formativos que una sociedad y economía cambiantes demanda, será preciso Incidir en la potenciación de la Investigación, el desarrollo y la innovación empresarial, así como en la formación de capital humano vinculado al desarrollo de las nuevas necesidades tecnológicas y analíticas de las empresas en un mundo incierto y cambiante. En particular, es prioritario mejorar el encaje entre oferta de trabajo y necesidades de las empresas, lo que supone una revisión del enfoque y contenido de los programas formativo universitarios y considerar, con especial cuidado, revisiones del salario mínimo por cuanto pueden condicionar el acceso al mercado de trabajo, y a la cualificación que de la práctica laboral se deriva, a los jóvenes sin formación.
Desde el punto de vista financiero, un reto importante será cerrar el proceso de reconversión y adaptación del sistema financiero español a las nuevas necesidades de la clientela y a las nuevas condiciones del negocio financiero y bancario derivados de la digitalización en un contexto en el cual los márgenes de negocio son preocupantes ante el diseño de una política monetaria a nivel europeo con tipos impositivos bajo mínimos.
No he pretendido ser exhasutivo, pero creo que ha quedado bastante perfilada la agenda reformadora del Gobierno en esta nueva legislatura. No abordar estos retos pondría en peligro la estabilidad económica y social de nuestro país porque nuestro Estado de Bienestar y su mantenimiento dependen de la inteligencia y del compromiso de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos y poder optimizar la gestión pública con las restricciones tanto financieras como institucionales en las que se mueve nuestro país.
Por Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la UCLM
