El Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha ha suscrito el compromiso de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, en pro con el ejercicio de un trabajo profesional responsable, en el marco de un ordenamiento regional que afronte los retos sociales, ambientales, de eficiencia económica y de gobernanza a los que se enfrenta.

Los arquitectos de Castilla-La Mancha exigen la función social de la propiedad del sueloAsí los arquitectos castellano manchegos se comprometen a anteponer  los  derechos  de  la  ciudadanía  en  las  ciudades  a  los  derechos  de  la propiedad del suelo e inmobiliaria, dando prioridad al derecho a la vivienda digna en un hábitat urbano de calidad y con una gobernanza basada en los principios de ética, transparencia y participación.

A  asumir que las plusvalías económicas derivadas de una decisión pública y colectiva (la ordenación de la ciudad y del territorio) son, en consecuencia, de naturaleza pública, en las que puede participar la iniciativa privada en función de su aportación efectiva en los procesos de gestión y ejecución, empezando por el suelo.

A centrar el urbanismo a corto y medio plazo en la ciudad urbanizada y construida, en su Regeneración, Reforma y Rehabilitación, creando nuevos instrumentos operativos de planificación, financiación y gestión, desde el principio general de la exigencia de la función social de la propiedad del suelo y de los inmuebles, y con especial atención e intensidad en las zonas urbanas con mayores déficits y necesidades sociales. El urbanismo inmediato es el urbanismo de los barrios.

A avanzar  en  la  articulación  del  planeamiento  con  la  gobernanza  del  territorio, resolviendo   en   las   escalas   intermunicipales,   metropolitanas   y   territoriales,   muchas cuestiones que resultan decisivas para la práctica de un urbanismo responsable. Y entre estas cuestiones decisivas y en lugar preeminente, la vivienda digna.

A ordenar  ciudades  y  asentamientos  humanos,  inspirados  y  consecuentes  con  los principios de inclusión social, prevención de la vulnerabilidad, residencia y sostenibilidad y que garanticen la accesibilidad universal, la participación ciudadana real, la atención a la perspectiva de género y el impulso de la Economía Circular. Conformadas, en suma, a través de nuevos instrumentos de planificación que mejoren la regulación, la financiación y el intercambio de conocimiento.