Es una gran lección de democracia que vecinos de la comarca de Hellín se hayan movilizado en Fuente-Álamo contra un proyecto que “no es bueno para la comarca y no encaja con el modelo de desarrollo que defienden sus vecinos”. El proyecto de macrovertedero y la planta con capacidad para 75.000 toneladas de residuos, ha sido rechazado por representantes municipales de distinta filiación política, como las alcaldesas de Fuente Álamo y Tobarra y los alcaldes de Ontur, Montealegre y Albatana. Se han puesto de acuerdo para defender el interés de sus pueblos porque “se trata del agua, de la salud y del futuro de los vecinos».
Es estimulante comprobar que la ciudadanía de la comarca, informada de los devastadores efectos que el desarrollo del proyecto podría ocasionar, se haya movilizado para la defensa de los intereses de un territorio contando con el respaldo de cooperativas y almazaras con más de 1.500 socios y 5.000 hectáreas, Comisiones Obreras de Albacete, ASAJA, la Unión de Consumidores, el Consejo Regulador DOP Jumilla, la Ruta del Vino de Jumilla, Acrimur, la Asociación de Enología de Castilla-La Mancha y Bodegas San Dionisio.
Hay ejemplos recientes que conviene recordar para que no se repita la historia. Me refiero a la denominada planta de reciclaje de residuos industriales no peligrosos de Almonacid del Marquesado (Cuenca). Desde el comienzo del macrovertedero, en septiembre del 2019, la explotación ha sido un problema: entre el 26 y el 28 de junio del año 2021se declara un incendio misterioso en la instalación que duró más de 42 horas creando una nube tóxica por la combustión de residuos que no tenían la autorización de Medio Ambiente; en octubre del año 2022, la guardia civil abre una investigación y lleva a cabo cinco detenciones en las instalaciones de Reciclados Marquesado por contrabando de tabaco; pero lo más grave es que desde el año 2021 estaba operando en la instalación una red criminal internacional.
Gracias a la operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona, nos enteramos en enero del año 2025, que empresas italianas contratadas para la gestión de residuos urbanos, derivaban su eliminación a las plantas de Constantí (Tarragona) y Almonacid del Marquesado (Cuenca) para ahorrar costes. Según los cálculos del Seprona, desde el 2021 más de 40.000 toneladas al año de residuos italianos se han arrojado ilegalmente en vertederos españoles. La empresa concesionaria Griñó Ecològic S.L. recibía presuntamente parte de los residuos por vía marítima y diariamente se enterraban en Almonacid del Marquesado toneladas de residuos urbanos provenientes de Italia, incluyendo residuos peligrosos y tóxicos, que pueden generar un daño en los ecosistemas y la salud de las poblaciones colindantes.
El alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, pidió que no se utilizara políticamente la actividad criminal de la red internacional que operaba en el macrovertedero de su pueblo. Sin embargo, como responsable político él no hizo nada cuando la organización Ecologistas en Acción de Cuenca denunció que la instalación de Almonacid del Marquesado no era la planta de reciclaje de residuos no peligrosos proyectada por la Junta, sino un macrovertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Según Ecologistas, existe constancia documental de que la Corporació Griñó S.L. “recepciona, transporta y gestiona residuos provenientes de la Camorra Napolitana” y se detallan los delitos contra los recursos naturales, relacionados no solo con el tráfico ilegal de residuos, sino también con el riesgo de contaminación de aguas subterráneas. (https://www.ecologistasenaccion.org/327257/asi-es-el-vertedero-privado-mas-grande-de-espana/).
Lo más escandaloso y desmoralizador de la lucrativa mentira del reciclaje es que las irresponsables autoridades regionales con su posicion de equidistancia, traten de expandir en la región políticas que amenazan el futuro de los pueblos. Como la riqueza contemporánea es la basura, el gobierno aprueba y subvenciona con fondos europeos nuevas plantas de tratamiento de los residuos en Villanueva de los Escuderos (Cuenca) y ahora parece ser que proyecta en Fuente-Álamo. Cuando se trata de medio ambiente y salud pública, no cabe alegar neutralidad política porque se vulneran derechos fundamentales a la salud, al agua y a una vida digna. Es fundamental alentar la participación ciudadana y la movilización social (de regantes, cooperativas, asociaciones hoteleras, industrias y la Universidad) para hacer frente a las políticas contaminantes que se adoptan de manera neutra con total impunidad en perjucio de la ciudadanía y los intereses generales de Castilla-La Mancha.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
