Cuando García-Page y su séquito volvieron de Costa Rica, el problema de Cuenca seguía ahí. Cuenca es la provincia más despoblada de la región y, según la Estrategia Regional frente a la Despoblación (2020), “el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. También es la provincia más desfavorecida de la región y, según la Comisión Europea, como “zona a” tiene preferencia para la inversión de los fondos europeos durante el periodo 2022-2027. Por lo tanto, Cuenca tiene derecho, por despoblada y desfavorecida, a que los fondos europeos se empleen en modernizar el ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, con paradas en numerosos núcleos rurales, lo que permitiría disfrutar de un servicio público esencial para fijar la población y mantener viva la esperanza de crecimiento con el tren.
Estando en la oposición García-Page proclamó: «vamos a pelear a muerte por evitar el cierre de líneas de tren convencional en Castilla-La Mancha”. Ahora, el presidente García-Page, incumpliendo su promesa, está privando a los pueblos de Cuenca de lo que les corresponde en derecho. Para que olvidemos su mentira sobre el tren, el presidente utiliza el reclamo de las inversiones de una empresa de Costa Rica.
Las inversiones turísticas son la propaganda que utiliza con desfachatez García-Page, para atraer incautos. El gobierno regional aspira a que nos olvidemos de que no quiere invertir en la línea Madrid-Cuenca-Valencia en torno a 150 millones de euros de los fondos europeos. Los gobernantes que nos mintieron sobre el tren, desean que no hablemos ni pensemos en la renovación de una línea construida y amortizada, que vale más de 1.000 millones de euros, prefieren que hablemos sobre la presunta inversión de 35 millones, en tirolinas y hoteles en Cuenca para 2025.
Pero señor García-Page, ¿qué tiene que ver el problema estructural y prioritario de la despoblación, con las inversiones en aventuras de alto riesgo, de una empresa turística costarricense?
Es inquietante la improvisación de los cargos públicos regionales que dicen trabajar en silencio. Producen pánico cuando declaran que fue la empresa multinacional quien decidió venir y, posteriormente, la administración de Castilla-La Mancha crea un grupo de trabajo, para “facilitar los trámites burocráticos … y que … pueda instalarse cuanto antes” (García-Page).
Considerando la dilatada experiencia del gobierno regional en construcciones catastróficas, oír que van a “facilitar los trámites…” es como para que nos echemos a temblar. Después del aeropuerto ruinoso en una zona de protección de aves (Ciudad Real), una estación del Ave junto a un apestoso vertedero (Cuenca), la construcción del hospital junto a una planta depuradora de aguas residuales (Cuenca), y las macrogranjas que contaminan el aire, la tierra y los acuíferos de tantos pueblos ¿con qué nos quiere sorprender el gobierno de Castilla-La Mancha?
Es el colmo de la desvergüenza que el gobierno regional se niegue a invertir los fondos europeos en la renovación del ferrocarril y utilice con desfachatez el cierre del tren, para ceder miles de hectáreas públicas a empresas turísticas de aventuras. Constituye una vileza inaceptable, que el gobierno regional conmemore el cuarenta aniversario
del Estatuto destruyendo el tren convencional, un servicio público esencial para Cuenca, que simboliza el esfuerzo de generaciones pasadas y son parte de nuestra riqueza futura.
Ante el cúmulo de acciones fraudulentas, en perjuicio de la provincia, considero que hay que mantener tensa la rebeldía cívica y denunciar la codicia caciquil del poder regional, que despoja a la ciudadanía de Cuenca de sus derechos, alentando la contaminación y el expolio de nuestra provincia despoblada.
Por todo lo cual, iré a protestar contra el gobierno regional que discrimina a la provincia, lesiona la dignidad de la ciudadanía y vulnera los derechos y servicios públicos del Estado del bienestar, el próximo día 16 de agosto, frente a la llamada Casa del Pueblo de la ciudad de Cuenca.
Opinión de Fernando Casas Mínguez
