La magnitud de la crisis sanitaria en la que nos hayamos inmersos como sociedad hace palidecer cualquier otra cita ordinaria que se recoja en nuestras agendas, ahora que la lucha contra el COVID-19 reclama buena parte de nuestros recursos y prácticamente todos nuestros esfuerzos. Aun así, existen fechas que no se pueden soslayar, destinadas a poner el foco sobre el trabajo diario que continúa marcando nuestra agenda como Gobierno regional, y que en las actuales circunstancias excepcionales cobra una nueva dimensión.
Sucede hoy, 28 de abril, en este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Desde que la Organización Internacional del Trabajo se involucrara en la celebración de esta fecha, en el año 2003, el cambio en la hoja del calendario en los meses centrales de la primavera concentra dos importantes reivindicaciones en el ámbito laboral, por su cercanía con el 1º de Mayo. Ambas fechas no se pueden separar. Si es importante para toda sociedad garantizar el derecho al trabajo de todos sus individuos, es fundamental que esa garantía pase por asegurar entornos laborales seguros, para que acudir cada día al puesto de trabajo signifique una manera de ganarse la vida, y no implique nunca la posibilidad de perderla.
Este año, la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se articulaba en torno a la prevención de la violencia y el acoso en los entornos laborales. Ambas prácticas, execrables de todo punto y rechazadas en conjunto por la sociedad, comparten el guion de la celebración de este 28 de abril con los nuevos desafíos que propone el COVID-19, que está suponiendo un reto transversal para todos los que libramos la batalla contra su propagación. Si en el ámbito sanitario la lucha está centrada en reducir al máximo el coste humano que supone siempre sumar una nueva enfermedad a nuestro recuerdo vírico, en salvar todas las vidas posibles mientras la ciencia nos otorga una vacuna contra el coronavirus, en el ámbito laboral y económico el reto es reducir al máximo la afectación de las medidas excepcionales que se han tenido que tomar para contener la expansión de los contagios en nuestra economía. Y colocar cuanto antes los cimientos para la recuperación.
El retorno de la economía a la senda del crecimiento no puede acometerse a cualquier precio. Desde nuestra llegada al Gobierno regional, en el año 2015, situamos la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad en el trabajo como uno de los nortes de nuestra brújula en materia de empleo. No hemos escatimado esfuerzos para combinar la salida de la recesión con la seguridad en el trabajo, y fruto de ese compromiso firmamos en 2017 el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha, una hoja de ruta en la que vamos de la mano con los representantes de las empresas y de los trabajadores, teniendo en cuenta que la seguridad laboral requiere del trabajo de todos.
El esfuerzo está dando, poco a poco, sus frutos. Desde el año 2015, hemos conseguido reducir el Índice de Incidencia, que es el parámetro que relaciona el número de accidentes de trabajo con el total de la población protegida, en un 6 por ciento en la región; una caída en el Índice de Incidencia que se ha registrado tanto en el colectivo de personas asalariadas, en un 2 por ciento, como en el colectivo de los autónomos, donde el descenso ha sido del 52 por ciento. Ese compromiso se verá reforzado este año, incrementando en un 13 por ciento la labor en prevención de riesgos laborales, y alcanzando las 25.300 actuaciones en la actividad inspectora.
La llegada del COVID-19 nos sitúa ante nuevos retos, desafíos que debemos incorporar a nuestra estrategia en materia de prevención de riesgos laborales. En el corto plazo, esa tarea pasa por asegurar la contención del virus en la paulatina vuelta a la actividad de nuestro tejido productivo. Desde el Gobierno regional hemos puesto en marcha el Centro de Operaciones COVID-19, a través del cual hemos trabajado desde el inicio de la crisis sanitaria para canalizar el esfuerzo de la iniciativa privada y dotar a Castilla-La Mancha de la producción necesaria para autoabastecerse en equipos de protección individual (EPI), además de poner en marcha la nueva plataforma COVID Marketplace para, una vez garantizada la llegada de los EPI a los centros sanitarios, ponerlos a disposición de empresas y colectivos, colaborando así para que puedan llegar a los entornos de trabajo.
La seguridad laboral es también un eje fundamental en el Plan de Medidas Extraordinarias para paliar los efectos económicos de la crisis del COVID-19, con líneas que nos permitirán, por un lado, reducir la accidentalidad laboral, y por otro, contener la propagación del COVID-19 en los entornos de trabajo, mediante la financiación de inversiones y acciones de sensibilización y concienciación en prevención de riesgos laborales.
Es cierto. La llegada del COVID-19 ha alterado de manera inevitable nuestra libreta de prioridades, pero no ha arrancado de ella ni una sola hoja. La cuestión más urgente es atajar la crisis sanitaria, garantizar que no colapsan nuestros recursos asistenciales y minimizar las inevitables consecuencias del coronavirus. Y ahora que lo urgente empieza a dar una tregua, ahora que la curva de contagios empieza a doblegarse y asoma en el horizonte inmediato una paulatina vuelta a la nueva normalidad, vuelve a abrirse paso lo importante, aquello que ha centrado siempre nuestra labor como Gobierno, los cimientos sobre los que asentar la recuperación. Y la salud en el trabajo y la seguridad laboral sigue siendo primordial en esa estrategia.
Opinión de Patricia Franco Jiménez. Consejera de Economía, Empresas y Empleo
