El próximo lunes 31 de marzo se celebra el sexto año de existencia del movimiento ciudadano de la Revuelta de la España Vaciada, sin ver cumplidos todavía muchos de sus objetivos. Sin embargo, en el ánimo de un buen número de sus miembros, sigue estando la fuerte convicción de que otro modelo de país es posible, por lo que no se dejará de trabajar desde la movilización social con el fin de que sus demandas sean escuchadas y tenidas en cuenta para revertir la despoblación.
Después de todo este tiempo, la realidad ha puesto a la Revuelta de la España Vaciada (un conglomerado de asociaciones y plataformas con carácter nacional) en un escenario diferente al que en sus inicios tuvo. El panorama político actual ha hecho variar el orden de los intereses del Gobierno que, aunque en un primer momento puso atención al grito unánime de las cien mil personas que se manifestaron en Madrid en 2019, lo cierto es que la pandemia, y los sucesivos pactos de gobernabilidad, han llevado la problemática de la despoblación a un segundo plano en el orden mediático, o peor, en el orden político.
En estos años se ha mantenido viva la llama de la reivindicación en sucesivas campañas que han abordado problemáticas concretas y se ha reclamado a las instituciones públicas que adopten medidas frente a la despoblación y la desigualdad territorial. La hoja de ruta de todas las reivindicaciones está marcada por el Modelo de desarrollo de la España Vaciada, cuyo documento fue presentado en el Congreso en mayo de 2021, con propuestas consensuadas, sensatas y coherentes que trazan el horizonte hacia el que se quiere caminar.
El manifiesto que se leerá el próximo domingo en muchas de las poblaciones de la España vaciada presenta, por un lado, un mensaje en positivo donde se dignifica el territorio despoblado, especialmente el rural, reconociéndolo como un lugar rico en recursos naturales, de los que sus habitantes han asumido su papel de custodios y defensores. Dicho lugar ofrece muchas posibilidades para el desarrollo si se explota con equilibrio y sostenibilidad. En cambio, por otro lado, se da cuenta de las amenazas que lo acechan.
Desde hace más de una década, se ha instalado en buena parte de la ciudadanía el sentimiento de verse amenazados por las grandes compañías extractivas y especulativas, las cuales apenas dejan beneficio en el territorio y sí mucho destrozo; y el sentimiento de desamparo, por parte de la Administración y los diferentes gobiernos (estatal, regionales y provinciales).
En positivo, también se quiere poner en valor la aportación hecha desde el medio rural (o del menos poblado, en general) a la transformación social y económica que nuestro mundo necesita, pero que las políticas de globalización se empeñan en tratar como un lugar de no vida, donde en muchos casos el mantenimiento de los servicios básicos es una lucha constante, o donde las alternativas laborales o de vivienda para los nuevos pobladores son escasas.
Al lema de “Ser pocos, no resta derechos” se une en esta ocasión el de “No queremos promesas, queremos hechos”, convencidos de que solo un Pacto de Estado que comprometa a las Administraciones estatal y autonómicas en la adopción de medidas que protejan los servicios básicos, que generen inversiones para un desarrollo justo, aborden el problema de la vivienda, y atiendan las propuestas del Modelo de desarrollo, dará solución a los graves problemas de desequilibrio territorial y de despoblamiento.
