Actualizar los conocimientos sobre legislación en materia penal, seguridad vial o cualquier otra materia de interés para las jefaturas y mandos de los cuerpos de Policía Local es el objetivo del Encuentro de Jefaturas y Puestos de Mando en la Policía Local de Castilla-La Mancha que ha organizado esta semana la Escuela de Protección Ciudadana, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, donde los participantes han recibido formación sobre la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia.
En concreto, han sido 24 miembros de la Policía Local de la región, entre oficiales, inspectores o subinspectores, los que han recibido formación sobre esta nueva norma, aprobada el pasado mes de junio. La clase magistral ha sido impartida por el catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y antiguo miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Jorge Cardona Llorens.
Como ha expuesto el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, durante la presentación del ponente, con la realización de dicha actividad formativa se pretende contribuir a aumentar la sensibilización con respecto a esta problemática, al establecimiento de medidas de prevención eficaces que impulsen la detección precoz de este tipo de situaciones de violencia y de discriminación, así como de medidas de coordinación y de colaboración, y a la aplicación de los correspondientes planes y protocolos de actuación relacionados con la atención y protección de las víctimas en aquellos casos en los que tengan que intervenir los policías locales, “procurando siempre el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la consideración de su interés superior”.
Según Jorge Cardona, “lo novedoso de la Ley, es que pone de relieve que los menores son sujetos con derechos, con libertad y posibilidad de denuncia en los casos de violencia, incluso permitiendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan intervenir antes de que la violencia se haga efectiva”.
El catedrático ha hecho especial hincapié en el capítulo 10 de la Ley, donde se especifican los criterios de actuación que han de regir la labor que deben realizar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la adopción de forma inmediata de todas las medidas provisionales de protección que resulten adecuadas; o la práctica sin dilación de todas las diligencias imprescindibles que impliquen la intervención de la persona menor de edad, impidiendo cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales entre la persona investigada y el niño, niña o adolescente, y permitiendo a las personas menores de edad que así lo soliciten formular denuncia por sí mismas y sin necesidad de estar acompañadas de una persona adulta, entre otros.
La Ley también contempla la creación de unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos, así como cursos de ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre contenidos específicos acerca del tratamiento de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.
