La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca expresa su más rotundo rechazo al convenio firmado entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ADIF para construir un vial de doble calzada para la circulación de vehículos a motor entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel. Esta actuación, que fracciona la ciudad, enmarcada en el llamado Plan Equis Cuenca, pretende consolidar el cierre del ferrocarril entre Tarancón y Utiel y, además, representa un paso atrás en la construcción de un modelo de movilidad sostenible, inclusivo y justo.
El convenio, dotado con más de 15 millones de euros de fondos públicos, prioriza las infraestructuras contaminantes destinadas al vehículo privado, en detrimento del transporte público colectivo. Lejos de mejorar la accesibilidad, este vial refuerza la dependencia del coche para acceder a una estación situada a varios kilómetros del núcleo urbano, por la equivocada decisión de quienes ahora pretenden desmantelar servicios públicos.
Desde la Plataforma denunciamos que esta actuación contradice los principios de movilidad sostenible que el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dice defender. El ferrocarril de viajeros y mercancías, bien gestionado, es el medio de transporte más eficiente, con menor huella de carbono y mayor capacidad de vertebración territorial. Su cierre, para sustituirlo por un vial que fomenta el uso del coche privado, es una decisión incoherente con los compromisos de movilidad y climáticos asumidos por España. Además, el convenio incluye la posibilidad de desafectar y ceder de forma gratuita suelos ferroviarios de titularidad pública, en el marco de una estrategia diseñada sin transparencia ni participación ciudadana, que parece responder solo a los intereses de los sectores empresariales vinculados al asfalto y al cemento.
Por todo ello, desde la Plataforma exigimos la paralización inmediata del convenio y la reapertura del tramo ferroviario Tarancón–Utiel, con inversiones en modernización, accesibilidad y frecuencias. Reclamamos también una auditoría pública sobre el coste-beneficio social, ambiental y económico de esta actuación, así como la participación ciudadana real en la definición de los transportes que afectan al futuro del territorio.
Cuenca necesita más trenes, no más carreteras. La movilidad del siglo XXI debe construirse sobre principios de sostenibilidad, equidad y cohesión territorial, no sobre el abandono del ferrocarril público y social.
