El colectivo denuncia que el acuerdo busca «legitimar políticamente» el desmantelamiento definitivo de la línea de tren convencional y critica la falta de transparencia y beneficios reales para la ciudad.
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca ha solicitado formalmente a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital que voten en contra del convenio urbanístico sobre los terrenos ferroviarios, cuyo borrador se encuentra actualmente en fase de información pública.
Tras analizar el documento, la Plataforma ha iniciado una ronda de contactos con los grupos de la oposición para trasladarles su rechazo frontal al texto. Asimismo, han mantenido una reunión con el Colegio de Arquitectos de Cuenca, entidad con la que aseguran compartir la preocupación y la negativa ante la propuesta urbanística planteada.
«Legitimar el desmantelamiento»
Para la Plataforma, el objetivo último de la aprobación de este convenio no es el desarrollo de la ciudad, sino la obtención de una «legitimación política» por parte del Pleno municipal para clausurar y desmantelar definitivamente la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia.
El colectivo advierte que esta decisión se pretende hacer irreversible «cuando aún hay recursos judiciales de organizaciones como CCOO y Ecologistas en Acción pendientes de sentencia en el Tribunal Supremo», lo que podría invalidar las actuaciones si la justicia falla a favor del mantenimiento de la infraestructura.
Críticas a la falta de planificación y transparencia
En su comunicado, la Plataforma califica el convenio como un documento con una «ausencia total de transparencia» y «lleno de ambigüedades» respecto al futuro planeamiento urbano y su gestión. Denuncian que no se ofrecen soluciones urbanísticas definidas para la integración de los terrenos en la trama de la ciudad, una integración que, a su juicio, debería ser compatible con el mantenimiento del ferrocarril, «como se hace en todas las ciudades bien planificadas».
ADIF: «No regalan nada»
El análisis de la Plataforma es especialmente crítico con el papel de ADIF. Según denuncian, el convenio deja patente el «desentendimiento» de la entidad pública para ejecutar y costear la futura urbanización de los terrenos.
«ADIF hace constar la propiedad de las plusvalías que correspondan a todos sus terrenos, pero carga la financiación de los aparcamientos provisionales y la redacción del planeamiento como gastos de urbanización a descontar en el futuro», explican. Todo ello, subrayan, «cuando no existe ni Programa de Actuación Urbanizadora, ni proyecto de reparcelación, ni proyecto de urbanización aprobado».
«En resumen, no regalan nada. Todo es de dudosa legalidad y el único compromiso claro que asume ADIF a corto plazo es el levantamiento de las vías», sentencian desde la Plataforma.
Rechazo al «Plan X Cuenca»
Finalmente, el colectivo reitera su oposición rotunda al «Plan X Cuenca», la estrategia de movilidad ideada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Emiliano García-Page y el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, en colaboración con el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
La Plataforma recuerda que el plan contó con la participación de Isabel Pardo de Vera, primero como presidenta de ADIF y luego como Secretaria de Estado, y señala que tanto ella como el exministro Ábalos se encuentran hoy «imputados por presunta pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación», lo que a su juicio deslegitima aún más el proyecto de desmantelamiento del tren en Cuenca.
