Con relación a los macroaparcamientos, cuya propuesta de ejecución ha realizado la Diputación de Cuenca en suelos ferroviarios titularidad de ADIF, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril aclara.
Estos gastos estaban contemplados en el convenio suscrito entre Diputación y Ayuntamiento de Cuenca y ADIF de 16 de septiembre de 2022, pero no pueden ser financiados por el administrador ferroviario por haberse incumplido las obligaciones acordadas entre las partes. Al respecto, la Cláusula Segunda del Convenio entre las citadas instituciones determina: “Una vez clausurado el tramo de la línea ferroviaria 03‐310 Tarancón‐Cuenca‐Utiel conforme al procedimiento previsto en el artículo 11 de la LSF (Ley del Sector Ferroviario), ADIF se compromete a realizar la desafectación de los suelos ferroviarios necesarios para la ejecución de actuaciones recogidas en el presente convenio en un plazo máximo de tres meses”. Véase: Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
La desafectación del suelo de la estación de Cuenca debería haberse llevado a cabo por los cauces procedimentales previstos en el artículo 27 de la Ley del Sector Ferroviario y, sobre este aspecto, aclaró ADIF en su informe de 22 de marzo de 2023, que la desafectación era competencia de su Consejo de Administración. Un hecho que no se ha producido en el plazo exigido, que ha finalizado el 6 de junio de 2023. Por tanto, incumplido el convenio por parte de ADIF, de acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, el acto de la Diputación de Cuenca puede ser nulo de pleno derecho. Recordemos que, sobre las supuestas irregularidades cometidas en el cierre del ferrocarril de Cuenca, hay diversos procedimientos en curso ante el Tribunal Supremo.
Por otra parte, la Plataforma explica que el convenio mencionado, propuesto por ADIF, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, se sometió de acuerdo con la legislación, al trámite de información pública en el pasado mes de octubre. Fue objeto de importantes alegaciones, que no han sido resueltas y NO HA SIDO APROBADO por el Pleno del Ayuntamiento, que es el órgano competente para ello. Por lo tanto, carece de validez jurídica.
Asimismo, la Plataforma informa que La Diputación está buscando las vueltas para hacer los aparcamientos con actuaciones de dudosa legalidad, respaldadas por la Junta de Comunidades, con lo que se vulnera el principio del derecho a la participación de la ciudadanía en la definición y aprobación del planeamiento urbano.
De lo que no cabe ninguna duda, para las organizaciones integrantes de la Plataforma del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, es el hecho que firmantes del PlanequisCuenca incumplen los convenios a los que se adhirieron. Esto puede ser debido a que, posiblemente, su único ánimo sea desmantelar servicios públicos esenciales para la ciudadanía de Cuenca.
