La plataforma vecinal contra la macrogranja de gallinas de San Clemente manifiesta dudas ante la moratoria anunciada el viernes 10 de diciembre por el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page.
Los vecinos que constituyen la plataforma valoran positivamente el cambio de actitud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el anuncio de moratoria, pero consideran necesario “leer la letra pequeña” tras lo comunicado y que el Gobierno de Castilla-La Mancha aclare qué representa esta moratoria para los proyectos que están en tramitación y si los proyectos de ganadería aviar están incluidos. Piden que se den más garantías sobre cómo se procederá tras el anuncio, ya que tienen dudas de que pueda tratarse meramente de una táctica preelectoral para evitar la pérdida de votos de cara a las próximas elecciones.
La plataforma considera dañino para el medioambiente, el bienestar y para la vida rural este modelo de explotaciones de escala industrial que está proliferando en la región en contra de la voluntad de muchos vecinos. Insisten en que su oposición no es contra la ganadería en general ya que de haber sido esta propuesta un proyecto sostenible, ecológico y de una escala acorde con el entorno, la habrían apoyado,
Cabe remarcar que la moratoria anunciada por el gobierno de Castilla La-Mancha hace referencia a la gestión de nuevos proyectos, anunciando que no admitirán solicitudes, ni concederán nuevas autorizaciones ambientales, pero no se han pronunciado sobre aquellas que están en trámites. Esta es la situación de la macrogranja de puesta de casi millón y medio de gallinas que, la promotora Rujamar junto con el Banco Santander, quieren instalar en el municipio de San Clemente, cerca de varias pedanías como Ventas de Alcolea y contra la que la plataforma inició una petición el pasado septiembre que, en menos de un mes consiguió más de 40.000 firmas en oposición.
La portavoz de la plataforma Llanos Ortiz afirma “No podemos conformarnos con una moratoria que solo contemple los próximos proyectos que se presenten, esto no es suficiente; es necesario que se paralicen los trámites de las que están en curso. También consideramos imperativo que se defina, regule y ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva con normativas detalladas, rigurosas y acordes a la escala de las explotaciones y se reevalúen las aprobaciones recientes de impacto ambiental para que valoren el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha y no de forma aislada”.
Apunta además que esta explotación necesitaría un alto consumo de agua que se extraería de la masa de agua de Rus-Valdelobos declarada ya sobreexplotada y se ubicaría en una zona declarada vulnerable por nivel nitratos y que además está a menos de 500 metros de casas habitadas.
Destacan también que las propuestas con evaluaciones de impacto ambiental ya aprobadas, como la macrogranja de puesta de San Clemente, deberían someterse a una reevaluación para que se examine y actualice su plan de bioseguridad y prevención de riesgos biosanitarios, ya que la pandemia actual COVID-19 ha supuesto un antes y un después en nuestros riesgos frente a posibles zoonosis. A esto añaden que, la situación actual en Europa en países como Reino Unido, que está experimentando el mayor brote de gripe aviar en aves en su historia, habiendo tenido que sacrificar ya más de 500.000 aves , pone nuevamente en punto de mira el gran riesgo que supone este modelo de explotación aviar de gran escala.
Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como autoridad ambiental líder a nivel mundial, el modelo pecuario industrial puede facilitar la propagación de virus de animales a humanos, al servir como puente para los patógenos, permitiéndoles pasar de animales silvestres a animales de granja y luego a humanos. No en vano, numerosos estudios relacionan este tipo de explotaciones con enfermedades zoonóticas.
