La oficina de información y atención al ciudadano de la Subdelegación de Guadalajara ha vuelto a situarse entre las más valoradas por los usuarios, según se desprende de los resultados de la encuesta “La Voz del Ciudadano 2018”, que realiza cada año el Ministerio de Política Territorial. Con una valoración media global de 4,84, sobre un máximo de cinco, se ha colocado en segundo lugar a escasa distancia de la oficina de la Subdelegación de Huesca, que obtuvo una puntuación de 4,87. La valoración media global de las 59 oficinas encuestadas ha sido del 4,26.
El subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, ha subrayado que estos datos ponen de manifiesto “la profesionalidad del personal que atiende esta oficina y su compromiso para ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos, que sirven de estímulo para todos los que trabajamos en esta Subdelegación”. De hecho, la oficina de Guadalajara ha quedado en primer lugar precisamente en las cuestiones relacionadas con el trato personal (4,97), la atención recibida (4,96) y el tiempo dedicado a atender a los usuarios (4,94).
Canales ha querido expresar su reconocimiento a estos profesionales, “que son las puerta de acceso de los ciudadanos a la Administración General del Estado”, y ha destacado “que incluso ha conseguido mejorar los resultados del año pasado, pese a que el listón estaba ya muy alto”. En efecto, la puntuación global media del año 2017 fue de 4,82 y se ha elevado en 0,2 puntos más en 2018.
La encuesta, en la que participaron un total de 70 usuarios, fue realizada entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre del pasado año para conocer la opinión de los usuarios sobre una serie de aspectos considerados básicos en la prestación de servicios: accesibilidad, instalaciones, tiempo de espera, tiempo dedicado a la atención, trato personal, información facilitada y atención recibida respecto a la que usuario esperaba recibir.
De este modo, se da continuidad a una serie iniciada en años anteriores, cuyo objetivo es escuchar la opinión de los usuarios para conocer su percepción sobre el funcionamiento de la Administración General del Estado y medir la calidad del servicio que reciben, de manera que se puedan adoptar acciones de mejora.
