La nueva Ley Regional de Vivienda podría “estar sobre la mesa” durante “el primer tramo” del próximo año para iniciar su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva a lo largo de 2017. Una norma que garantizará como derecho el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha “tal y como dice la Constitución Española”.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo autonómico durante el acto de entrega de llaves de 49 viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra que se ha celebrado en el salón de actos de la Consejería de Fomento en Toledo; un acto en el que García-Page ha estado acompañado por la titular regional del área, Elena de la Cruz; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; y el delegado de la Junta en la provincia, Javier Nicolás.
El presidente regional ha detallado asimismo que esta nueva normativa regional servirá para “regular el flujo de promoción de vivienda” en la región y de recoger los nuevos modelos de gestión de la vivienda pública, adaptando así el texto “a los nuevos tiempos”.
“Cuando la economía o el mercado no lo garantizan, tenemos que proponernos toda la sociedad que no puede haber nadie sin acceso a una vivienda de una manera u otra”, ha enfatizado el presidente quien ha aclarado que “no es lo mismo un techo que una vivienda”, algo que “queremos garantizar para la gente que más lo necesita”.
Un total de 500 viviendas paralizadas en los últimos 4 años
Al hilo de estas declaraciones, el presidente regional ha lamentado el abandono al que se han visto sometidas durante los últimos 4 años un total 500 viviendas públicas “prácticamente acabadas” que podrían haber servido a las personas con mayores necesidades.
“Lo verdaderamente incomprensible de estos últimos años en Castilla-La Mancha no es que no se haya levantado ni un solo ladrillo de vivienda pública”, sino que las que ya estaban terminadas hayan estado “muertas de risa” y que incluso unas 200 hayan tenido que ser objeto de mejora debido a su estado de abandono. “Esto es realmente doloroso”, ha remarcado García-Page.
La paralización del Hospital General Universitario de Toledo ha costado 22 millones
En esta misma línea, el presidente del Ejecutivo autonómico se ha referido al Hospital General Universitario de Toledo cuyas obras siguen adelante en el barrio de Santa María de Benquerencia, zona residencial de la capital regional en donde también se ubican las 49 viviendas, propiedad de la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) cuyas llaves han sido entregadas este viernes.
El presidente de Castilla-La Mancha ha cifrado en unos 22 millones de euros los costes derivados de la “incomprensible” paralización de las obras del centro hospitalario toledano, lo que conllevará que la inversión final alcance los 400 millones de euros.
Con todo, se ha mostrado esperanzado con el impulso que el polígono residencial de Santa María de Benquerencia recibirá tras la puesta en marcha de ese hospital, que será “la principal empresa de Castilla-La Mancha”, con una previsión de más de 3.500 trabajadores y un flujo diario de entre 3.000 y 4.000 usuarios.
Una previsión que unida a la finalización de la A-40 entre Toledo y Ocaña –cuya urgencia ya ha sido trasladada al Ministerio de Fomento- y las posibilidades de conexión directa con Madrid “duplicarán” las posibilidades y “expectativas comerciales y de negocio” de este barrio toledano que, tal y como ha subrayado García-Page, ya es a día de hoy “uno de los barrios más potentes y con más servicios de España”.
