El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha reivindicado hoy “la importancia del sector forestal de Castilla-La Mancha, de nuestros montes y con ello, el compromiso de este Gobierno regional por fomentar una gestión sostenible y activa de nuestro territorio forestal, vinculada directamente con los compromisos de su conservación, pero también para vertebrar y dinamizar las áreas rurales en donde se ubica principalmente”.
De esta forma lo ha manifestado durante su intervención hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha durante el debate para la aprobación del proyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha’, impulsado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Con más de 3,6 millones de hectáreas de superficie forestal, es decir, el 45 por ciento del territorio regional, formada por extensas áreas de pinares, encinares, rebollares, alcornocales, matorrales o pastizales que engloban una rica diversidad paisajística y biológica en todas las provincias de la región, “hemos de afirmar que Castilla-La Mancha es claramente un territorio forestal y por ello decidimos mejorar la regulación de la normativa regional para la gestión sostenible de nuestros montes, que tenía más de 14 años de antigüedad, y así fortalecer el papel de los bosques en nuestro futuro desarrollo, incluso su conexión con la vida urbana a través del reconocimiento de los servicios ambientales que nos aportan estos ecosistemas”.
Tal y como ha señalado el consejero, los montes y su gestión se han convertido en una herramienta fundamental del Ejecutivo autonómico. “El reconocimiento y valorización de estos servicios de los ecosistemas forestales es uno de los aspectos más innovadores de la Ley, vinculado al desarrollo normativo que se aprobará tras esta modificación y que está unido a la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha y al impulso del fondo de externalidades, creado hace apenas un año”.
Unos cambios normativos que han venido acompañados en los últimos años “de importantes inversiones en el sector”, tal y como ha añadido. “Hemos movilizado 31,6 millones de euros tanto para tratamientos silvícolas, como para incentivar a ayuntamientos y empresas forestales. Y en este año 2023, son 13,9 millones de euros los que estamos poniendo a disposición del sector a tal fin”, ha concretado.
Además, Escudero ha explicado que, desde comienzos del año 2023 y hasta 2026, “vamos a invertir más de 9,5 millones de euros” en la restauración ecológica de estos ecosistemas forestales situados en las áreas de la Red Natura 2000, a través de fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR).
Principales novedades de la Ley de Montes
El titular de Desarrollo Sostenible ha apuntado que el nuevo texto supone la modificación de parte sustancial (26 artículos) y desarrolla aspectos muy concretos del fondo de externalidades creado por la Ley 2/2021 de 7 de mayo de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. “Una iniciativa pionera a nivel nacional y europeo que nos convierte en referencia en el sector, y que nos coloca a la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible en nuestros montes”, ha dicho.
Escudero ha repasado los aspectos más novedosos de la Ley destacando que facilita que los ayuntamientos, mancomunidades y otros propietarios se agrupen para sacar al mercado sus productos “y hagan más eficiente la gestión y más rentables los aprovechamientos conjuntos”. También se flexibilizan los aprovechamientos domésticos de pequeña cuantía de madera y leña, condicionando a una declaración responsable el poder ejecutar estas actividades. Además, se prevé la creación de la figura de cotos micológicos, que se desarrollará posteriormente de forma regulada y coherente el aprovechamiento micológico regional.
En materia de prevención y gestión de incendios forestales, ha indicado que esta actualización declara de interés general los trabajos recogidos en los planes de defensa y de emergencia por causa de incendios. Otros aspectos a destacar serán la obligatoriedad de permitir labores preventivas y la creación de un seguro de responsabilidad penal para personal responsable de la extinción.
En definitiva, según ha recalcado, “es una Ley que se merece el sector forestal de Castilla-La Mancha para generar riqueza en las comarcas rurales gracias al aprovechamiento adecuado y óptimo de sus recursos”. Y en esta línea, ha remarcado la apuesta firme de este Gobierno por “seguir avanzando en la implantación paulatina de los sistemas de certificación en nuestros bosques que acreditan la correcta gestión de los mismos”.
A día de hoy, contamos con 104.720 hectáreas certificadas y se trabaja para alcanzar las 200.000 hectáreas a lo largo de 2023. Escudero se ha congratulado por este trabajo ya que, recientemente, el sistema de certificación forestal FSC anunciaba que Castilla-La Mancha es la primera región de España en superficie forestal certificada de montes públicos. Además, ha avanzado que en las próximas semanas se va a iniciar la certificación ecológica de los pastos de los montes públicos de la Junta de Comunidades, como herramienta de impulso a la ganadería extensiva.
Escudero ha agradecido al sector las aportaciones a la Ley durante el proceso, cuyo apoyo ha quedado hoy de manifestado con la presencia de numerosos representantes que han asistido a las Cortes regionales del Colegio de Ingenieros de Montes, del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, Asociación Nacional de Resineros, ETS Ingeniería Agronómica, Montes y Biotecnología de la UCLM, Leñas y Transportes el Cardoso, Hermanos de María, S.L., entre otros.
Por último, el consejero se ha mostrado “muy satisfecho” porque esta Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha es la quinta que verá la luz por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible en esta legislatura tras la Ley de Economía Circular (noviembre 2019); Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha (febrero 2020); Ley de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías Renovables (julio 2022); y la Ley de Vías Pecuarias (febrero 2023).
