El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado hoy en consideración el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Colegios Profesionales, una normativa que reforzará las garantías de los consumidores y usuarios, aumentará la transparencia de las organizaciones colegiales y suprimirá las restricciones a la libre circulación de las personas colegiadas.
Con esta modificación, que afecta a 11 artículos, la ley castellano-manchega se adapta a los importantes cambios introducidos en la legislación estatal en materia de colegios profesionales como consecuencia de la transposición de una directiva del Parlamento Europeo, tal como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha comparecido para explicar los acuerdos semanales del Consejo de Gobierno.
En la actualidad, en Castilla-La Mancha hay 101 colegios profesionales y 10 consejos autonómicos de colegios.
Entrando en detalle, la consejera ha destacado la importancia de esta modificación en relación con las garantías de los consumidores y usuarios y la transparencia de los colegios profesionales, ya que establece que las organizaciones colegiales deberán disponer de página web, servicio de ventanilla única y de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los colegiados. También será obligatorio la elaboración de una memoria anual.
“De esta manera, además de aumentar la transparencia en su funcionamiento, estas modificaciones contribuirán a adaptar las organizaciones colegiales a la implantación y uso de medios electrónicos y por tanto a su modernización”, ha detallado la consejera.
Otro efecto positivo para las personas que están colegiadas será la supresión de barreras a la libre circulación de los colegiados y al ejercicio de las profesiones colegiadas, así como al ejercicio de la profesión en forma societaria. “Es decir, ya no estarán obligadas a comunicar a su colegio si realizan alguna actividad fuera del territorio del colegio de inscripción, con lo que conseguimos potenciar la movilidad y eliminar cargas administrativas”, ha explicado Blanca Fernández.
Finalmente, con esta modificación legislativa se incorporará a la normativa autonómica la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que suprimió parte del artículo de la Ley de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha que regulaba excepciones a la colegiación obligatoria.
“En definitiva, con esta modificación legislativa beneficiaremos, en primer lugar, a todas aquellas personas que están colegiadas, o que puede estarlo en el desarrollo de su profesión, pero también repercutirá directamente en la ciudadanía en general, al reforzar las garantías de los usuarios y consumidores al poner en marcha acciones que favorecen la transparencia de las organizaciones colegiales”, ha concluido la portavoz.
