La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado este jueves que la decisión de su departamento de paralizar la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), se debe a la falta de «escucha y de consenso» existente entre las partes implicadas en este proyecto.
«La capacidad de escucha y consenso es mejorable», ha señalado Ribera durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso según recoge El Digital de Castilla-La Mancha, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.
La ministra ha apuntado, además, que este rechazo se «intentó superar» con la «instrumentalización» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo «su legitimidad» en la toma de decisiones.
Para Ribera, estas medidas no son sólo «una cuestión técnica» sino que, «requiere la participación y el consenso» de todos los actores para «anteponer el interés general» a «cualquier otra cuestión». Así, ha adelantado que su departamento pretende «escuchar» a todas las partes –«técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos»– antes de continuar.
«No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores», ha apuntado.
Desconocimiento de costes y de la cantidad de residuos
Pero, además, Ribera ha mostrado «dos dudas» acerca de la construcción del ATC que también han influido en la toma de esta decisión: la idoneidad de la localización decidida para el almacén, es decir, el municipio de Villar de Cañas; y «sobre el fondo del proyecto mismo» dado que parte de un Plan de gestión de residuos radiactivos de 2006, que debería ser actualizada.
En este sentido, la titular de Transición Ecológica ha recordado que España tiene que adaptar este Plan al de la UE y ha indicado que trabaja en un borrado sobre esta materia con la intención de tenerlo «lo antes posible» y, «a principios de 2019 impulsar su tramitación para su adopción con la mayor premura».
Ribera ha señalado la dificultad de poner medidas en esta materia al no contar España con «un modelo global a medio y largo plazo», es decir, sin conocer cuál será el volumen de residuos, hacia dónde va el sector, cómo va a evolucionar el mix energético o cuál es el futuro que se busca.
«Cuando no sabemos de cuántos residuos estamos hablando, cuánto cuesta gestionarlos, dónde se gestionan y cómo se gestionan, no resulta convincente pensar que se puede hacer una estimación razonable de los costes que puede suponer mantener o cerrar las centrales», ha declarado durante su intervención, para añadir que es necesario un «análisis profundo» de estos aspectos para tomar decisiones en esta materia y no «mantener la incertidumbre».
Falta de comunicación con los grupos
Aún así, e interpelada por el portavoz de PDeCAT en esta comisión, Ferran Bel, la ministra ha asegurado que los datos de gestión de residuos que se manejan actualmente «siguen exigiendo» la construcción de un ATC, por lo que, no han desechado el proyecto, sino que se «ha pedido tiempo para entender lo que se tiene delante y resolverlo de la manera más coherente con los escenarios que se puedan plantear».
En este sentido, Ribera ha insistido en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos sobre este tema con todos los actores, a pesar de que, grupos parlamentarios como PNV, Ciudadanos o PP, le han reprochado que la decisión de paralizar la construcción del almacén les llegada a través de los medios.
«Nos consta que envió la solicitud de paralización en 5 de julio y llegó al CSN el día 6 de julio. Usted vino a comparecer el 11 de julio a esta Cámara y no mencionó el asunto», le ha recriminado la portavoz ‘popular’ en esta materia, María Jesús Bonilla.
Su homóloga de la formación vasca, Idoia Sagastizabal, señaló que le «hubiera gustado que, antes de tomar esta decisión se la hubiera consultado» a los grupos porque, según ha indicado, se trata de una medida que pone encima de la mesa el debate en materia energética y nuclear. Aún así, se ha mostrado favorable a la elaboración de un nuevo plan de residuos.
Un plan de cierre de centrales
La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, por su parte, ha descrito la situación como «un silencio absoluto» en cuanto a la comunicación del Ministerio con el Congreso. Además, ha calificado el proyecto del ATC como «una manipulación del bipartidismo en las instituciones para marear la perdiz con el almacenamiento de residuos».
«El relato del ATC debería sonrojar a una sociedad y a su sistema político en particular que ve como estas decisiones en España tardan decenios», ha señalado en este sentido el portavoz de Transición Ecológica de ERC, Joan Capdevila. A su juicio, en el país se piensa localmente en materia energética, pero «no hay asomo de actuar, ni localmente ni globalmente».
Tanto la diputada ‘naranja’, como el independentista, han reclamado a la ministra un calendario sobre este proyecto, que Ribera no ha precisado. Precisamente, en materia de plazos, ha pedido también explicaciones el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, quien le ha pedido «un plan de cierre progresivo de las centrales» y un «plan de transición energética» para llegar «a un modelo 100 por cien renovable».
«Es urgente», ha reclamado, para señalar que el objetivo es que las plantas «no tengan que cerrarse por accidente.»
