El juzgado de lo contencioso-administrativo de Cuenca ha estimado el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y ha declarado nula la licitación del proyecto de rehabilitación del antiguo Convento de los Padres Franciscanos de San Clemente realizado por el anterior gobierno de la Diputación encabezado por Benjamín Prieto.
La sentencia dictamina que el modelo de contratación usado por la institución provincial no es el adecuado, ya que, según los profesionales técnicos en su recurso, aseveran que se trata de un edificio que cuenta con protección integral, ubicado en un entorno declarado Bien de Interés Cultural, y por tanto, habría que haber llevado a cabo un procedimiento basado en cuestiones técnicas a través de “un concurso de proyectos”, en lugar de un contrato de servicios, tal y como se sacó a licitación.
El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha destacado en su apelación que para la rehabilitación de este edificio tendría que haberse configurado un jurado compuesto en sus dos terceras partes por personal técnico, que tuviera como principal criterio de selección la calidad del proyecto, ya que se trata de una obra que quiere actuar en un edificio del siglo XVI y reviste una gran complejidad. En lugar de utilizar esta opción, los anteriores responsables políticos llevaron a cabo un contrato de servicios donde el menor plazo de ejecución de la obra suponía el 50 por ciento de los criterios de adjudicación en el pliego de condiciones.
Precisamente la empresa que finalmente se llevó la adjudicación de la redacción del proyecto, estaba la tercera en los informes técnicos, pero consiguió esta licitación debido a que tenía un menor tiempo de ejecución.
El actual responsable del área de Infraestructuras, Francisco López, se ha mostrado preocupado, ya que esto entorpece enormemente la construcción de esta infraestructura debido a que no se han seguido los procedimientos, ha señalado que “esta es una chapuza más de las que nos hemos encontrado al llegar a la Diputación”.
Además, López considera que esta sentencia entorpece unas inversiones que ya estaban realizadas y “abre un precedente peligroso para otros dos proyectos como son las hospederías de Uña y Huete, ya que el Colegio de Arquitectos ha llevado a cabo recursos de apelación similares que todavía no se han resuelto”.
