El Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer la acción popular en el procedimiento penal derivado del presunto asesinato por violencia de género que tuvo lugar en Alovera (Guadalajara) el pasado 29 de mayo, decisión de la que ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para informar acerca de los asuntos de la reunión del Ejecutivo regional.
Blanca Fernández ha remarcado la total implicación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la lucha contra la violencia de género que se persona como acusación popular en todos los asesinatos machistas que se producen en la región, y también los casos de agresiones extremadamente graves cuyas consecuencias no son la muerte, pero sí graves secuelas en la víctima.
“En este caso estamos hablando de Nicoleta Clara, que fue asesinada en Alovera el pasado 29 de mayo, y el Consejo de Gobierno ayer autorizó a los Servicios Jurídicos de la Junta, una vez realizado los trámites preceptivos, a que se personara en la causa”, ha detallado la consejera.
Desde 2001, con la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas, Castilla-La Mancha ha ejercido la acusación popular en 40 ocasiones, 34 de ellas por el asesinato de la víctima y SEIS por lesiones graves.
Petición directa
La consejera de Igualdad ha recordado que el año próximo será el último de los cinco ejercicios de vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este pacto y su financiación ha dotado a los ayuntamientos, pero especialmente a las comunidades autónomas, de un presupuesto que ha permitido mejorar los sistemas de atención a las víctimas, su rehabilitación, su oportunidad vital fuera del círculo de la violencia y su protección.
Para Blanca Fernández, estas políticas siguen siendo muy importantes, en particular en Castilla-La Mancha, que ejecuta prácticamente el cien por cien de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “porque nos creemos estas políticas y porque vemos verdaderamente su eficacia”. Por tanto, ha denunciado la consejera, “el Pacto dejaría de tener sentido si finaliza en 2022”, ya que se quedaría reducido a “un parche en un momento determinado”.
Por todo ello, ha pedido al Gobierno de España que prorrogue el Pacto de Estado más allá de 2022 y que además lo implemente económicamente “habida cuenta de que el propio Ministerio va a reconocer la violencia sexual contra las mujeres como violencia de género, es lógico que así lo haga, y va a establecer nuevos servicios y nuevos recursos en la ley”.
Algo que, ha insistido la consejera, es lógico, aunque también lo es que se financie, si no es a través de la financiación autonómica, que se garantice al menos a través del Pacto de Estado incrementando su presupuesto.
Datos de violencia de género
Para finalizar esta cuestión, la consejera de Igualdad ha aportado los últimos datos de la violencia de género en España y en Castilla-La Mancha, “recordando que detrás de ellos hay personas, que es lo más importante”.
Desde 2003, cuando empezaron los registros, el número de mujeres asesinadas en es de 1.111, 33 de ellas en 2021. En Castilla-La Mancha una mujer ha sido asesinada en lo que va de año y 48 desde que hay registros en el ámbito de la pareja o la ex pareja.
En cuanto a menores asesinados por violencia machista, la Delegación del Gobierno aún no ha confirmado el asesinato de un niño de 2 años en la provincia de Barcelona el 24 de agosto por presunta violencia de género. En cualquier caso, en este momento serían cuatro los menores asesinados en 2021 en España y 41 desde el año 2013; si se confirmase el último caso, serían cinco en este año y 42 desde el año 2013. En Castilla-La Mancha los menores asesinados desde 2013 han sido cuatro.
Por último, al número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en España asciende a 16 en 2021 y a 320 desde 2013. En Castilla-La Mancha son 18, aunque en la web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género constan 16 porque, tal como ha aclarado la consejera, aunque uno de los asesinatos se produjo fuera de la región, “asumimos la responsabilidad de que reciban las ayudas de la misma manera que si su madre hubiera residido en Castilla-La Mancha”.
