El Gobierno regional ha suscrito un Protocolo General de Actuación junto al Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, siendo el primero que suscriben dos Consejerías con este órgano colegial, con el objetivo de reforzar la intervención en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública cuando se active un plan de protección civil autonómico en fase de emergencia o recuperación.
El acuerdo ha sido firmado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Elena Galán Ruano.
Este protocolo establece un marco de colaboración entre las instituciones implicadas con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, especialmente en el ámbito de la intervención social y el apoyo psicosocial a la población afectada.
En un contexto marcado por el aumento de situaciones de emergencia en los últimos años, el Gobierno regional ha apostado por integrar de manera más efectiva a los profesionales del trabajo social dentro de los dispositivos de protección civil, reforzando así la atención a las personas en momentos críticos.
Principales medidas del protocolo y participación activa de las partes
Entre las principales medidas recogidas en el protocolo destaca la implantación y el mantenimiento de un grupo de expertos en intervención social en emergencias, que colaborará de forma coordinada con los servicios públicos en tareas de acompañamiento, gestión de recursos y atención psicosocial.
Asimismo, se impulsará a través de la Dirección General de Protección Ciudadana, adscrita a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, la formación especializada a través de la Escuela de Protección Ciudadana, con cursos, simulacros y actividades dirigidas tanto a profesionales de emergencias como a trabajadores sociales, con el fin de mejorar la preparación y coordinación ante posibles crisis.
El documento también incluye la participación activa del Colegio Oficial de Trabajo Social en labores de prevención, planificación y sensibilización, aportando su conocimiento técnico en el análisis del impacto social de las emergencias.
Por su parte, la Consejería de Bienestar Social reforzará la intervención de los Servicios Sociales de Atención Primaria en situaciones de emergencia, mientras que la Dirección General de Protección Ciudadana garantizará la coordinación operativa de todos los recursos implicados.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico avanza en la mejora de la planificación y respuesta ante emergencias, incorporando el enfoque social como elemento clave en la protección de la ciudadanía.
Así, el Gobierno regional y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) suscribieron el pasado 14 de noviembre de 2025, un acuerdo en los mismos términos por el que se aseguraba la participación del grupo de expertos en evaluación de daños en emergencias y se promovían actuaciones de colaboración y formación entre ambos.
A la firma de este protocolo también han acudido el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; el director general de Acción Social, Santi Vera; la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Emiliana Vicente y el tesorero del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Daniel Felipe Casamayor.
