El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, se ha reunido con directivos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para planificar diversas actuaciones en el marco de un programa de accesibilidad en materia de consumo.
En dicho encuentro se ha abordado la implementación de iniciativas tales como la compra asistida que facilite el acceso a bienes y productos básicos en espacios comerciales, medidas vinculadas al acceso a suministros básicos como la luz, el gas o el agua, entre otros, o en relación a la movilidad.
A través de este programa de accesibilidad se pretende también explorar soluciones que faciliten el acceso a distintos servicios que se prestan en los dispositivos tecnológicos o en régimen de autoservicio. Igualmente se ha analizado la problemática derivada de la venta a través de máquinas automáticas tipo ‘vending’ y la accesibilidad en entornos virtuales de compra.
El objetivo común es la definición y establecimiento de estándares que aseguren la igualdad de acceso al mercado de bienes y servicios, poniendo en valor los avances que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen al respecto.
Otros aspectos de interés que han sido objeto de consideración en la reunión se refieren a la formación especializada de los técnicos de la red regional de oficinas de información al consumidor en la atención a este colectivo, así como la propia accesibilidad a los distintos recursos públicos puestos a disposición de los consumidores en la región.
En este sentido, cabe destacar la iniciativa para impulsar una sección de discapacidad en la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha que permita atender de manera específica los casos de resolución extrajudicial de conflictos en los que el reclamante o el asunto a resolver tenga que ver con la discapacidad.
Por último, se han analizado los contenidos del borrador de la futura Ley sobre Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha y la incidencia que ésta tendrá para lograr una protección más eficiente de los derechos e intereses de las personas consumidoras con capacidades diferentes.
