El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha mantenido un encuentro con los vecinos que recientemente han tenido que ser desalojados de las viviendas sociales que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene en la calle Laguna La Colmada. En dicha reunión también han participado el vicealcalde, Jaime Carnicero, y la concejala de Bienestar Social, Verónica Renales.
Antonio Román explicó a los vecinos las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Guadalajara desde el momento en el que se decretó la orden inicial de desalojo; actuaciones de carácter técnico, así como de asistencia social a las familias afectadas. La responsabilidad de lo ocurrido recae en GICAMAN, empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha, encargada de ejecutar los edificios. Y en este sentido, el alcalde ha señalado que lo prioritario para el Ayuntamiento de Guadalajara es que los vecinos puedan regresar con todas las garantías de seguridad a sus viviendas, una vez se subsanen todas las deficiencias detectadas en el inmueble.
Antonio Román transmite a la consejera de Fomento de la JCCM las reivindicaciones de los afectados
El alcalde de Guadalajara ha remitido una carta a la consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde le traslada las peticiones que, en la mencionada reunión, le realizaron los vecinos. En primer lugar, que a la mayor brevedad posible, las familias que se encuentran en hoteles sean realojadas en viviendas. Los afectados también reclamaron la necesidad de una mayor transparencia en la información, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en relación a la oferta de posibles viviendas y también sobre la situación estructural de sus viviendas y previsiones futuras.
En el encuentro – y así se lo transmite el alcalde a la consejera en la misiva- los afectados mostraron su disconformidad por el hecho de que en algún caso se habían girado al cobro el alquiler de su vivienda, que no pueden ocupar, al tiempo que tienen que sufragar el alquiler de la nueva vivienda. Esto entraña un importante perjuicio, ya que muchos vecinos están pagando el recibo de su antigua vivienda y, además, el de la vivienda en la que se encuentran alojados.
