Los centros especiales de empleo de la región ya cuentan con la nueva convocatoria de ayudas tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno. Así lo ha informado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha defendido este programa de inserción laboral de personas con discapacidad, ya que “no sé trata únicamente de subvencionar estructuras, se trata de sostener empleo protegido para personas con dificultades de inserción laboral, asegurar su estabilidad y favorecer entornos de trabajo adaptados”.
Esta nueva convocatoria está dotada con 31,2 millones de euros, y al igual que en ediciones anteriores, tiene como finalidad atender a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de integración laboral de los colectivos afectados o de sus peculiares necesidades. Una vez más, con estos fondos se podrá favorecer a 5.000 personas con discapacidad a lo largo de 2026.
La portavoz del Ejecutivo ha adelantado las dos principales novedades de la convocatoria para 2026. Por un lado, el incremento de un millón de euros para la línea destinada al pago de los salarios de los trabajadores de los centros de empleo. Como ha recordado la portavoz del Gobierno, “la evolución de este programa ha sido muy clara. En 2015 la dotación para la línea salarial era de diez millones de euros; hoy es de 29 millones, prácticamente el triple de lo que se destinaba cuando llegamos al Gobierno”. Esto significa, en su opinión, “una inversión sostenida que aporta estabilidad a los centros y seguridad también a miles de familias”.
La segunda novedad es que se amplía de dos a seis meses el plazo para realizar las contrataciones vinculadas a la inversión, introduciendo una mayor flexibilidad para el cumplimiento de los requisitos de esta medida por parte de los centros especiales de empleo que incidirá positivamente en la gestión material y presupuestaria de la misma.
Según ha detallado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, los destinatarios finales de estas ayudas son, por un lado, las personas con discapacidad que tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento. Por otro lado, también se dará prioridad a las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, siempre que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%: “personas que necesitan oportunidades reales de inserción laboral” porque “la inclusión no puede ser retórica ni quedarse solo en los discursos. Tiene que traducirse en empleo, en salario y en autonomía personal”.
Se trata de un programa que se articula en tres líneas diferenciadas. La primera cuenta con una dotación de 1,2 millones de euros para inversiones generadoras de empleo, destinadas a maquinaria, equipamiento o adaptación de espacios de trabajo. Esto permite a los centros especiales de empleo modernizarse y crear puestos de trabajo adaptados. La segunda línea, a la que destinamos 29 millones de euros, está dirigida al apoyo salarial de las personas con discapacidad contratadas en estos centros. Y la tercera línea cuenta con un millón de euros para financiar las unidades de apoyo y los servicios de ajuste personal y social.
La responsable autonómica ha recordado como desde 2015 hemos acumulado más de 262,8 millones de euros de inversión en esta línea de ayudas, lo que ha permitido consolidar puestos de trabajo a lo largo de estos casi once años de Gobierno y ofrecer oportunidades reales a personas que, sin estas ayudas, tendrían muchas más dificultades para acceder al mercado laboral.
