El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido que “lo sostenible, inteligente y lo que hay que hacer es cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo legalmente reconocido”, tras conocer la carta que los presidentes de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y el sindicato central de regantes del acueducto Tajo-Segura (SCRATS), han remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y en contra de la aplicación de los caudales ecológicos.
Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, hoy en Azuqueca de Henares (Guadalajara) donde ha calificado la misiva de “indignante” porque lo que están pidiendo al Ministerio “es que cometa una ilegalidad” y que, ha añadido, “no cumpla lo que indica el Real Decreto de 2023 de todos los planes hidrológicos, incluido el del Tajo”.
A este respecto, ha mantenido que las siete sentencias judiciales respaldan que “no solo es necesario modificar las reglas de explotación del trasvase, sino gestionar esta infraestructura de una forma muy diferente a lo que se venía haciendo, más allá de contar con caudales ecológicos sino también para obtener un recurso que con lo que está sucediendo con el cambio climático puede ser un recurso indispensable para el abastecimiento humano, y no puede ser que se dilapide de forma continuada”.
La consejera ha valorado la aprobación de un nuevo triple trasvase de 81 hm3 en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a los próximos tres meses, y ha explicado que esta decisión supondrá que, hasta final de año, “se trasvase más agua por el acueducto que la media de un año hidrológico normal”, ya que todavía quedan pendientes de trasvasar 132 hm³ de los 168 hm³ autorizados el anterior año hidrológico, una situación excepcional derivada de la avería sufrida en el acueducto.
En este contexto, Gómez ha subrayado que, con las lluvias registradas en Levante y la capacidad de desalación existente, “no hay justificación para mantener el actual ritmo de trasvases”, recordando que “el abastecimiento humano está plenamente garantizado y que el agua desalada debe jugar un papel clave en el regadío”.
Asimismo, ha recordado que “no podemos seguir dilapidando un recurso que es limitado y esencial. El Gobierno de Castilla-La Mancha no va a consentir que esta situación se prolongue y seguirá trabajando con el Estado desde la lealtad institucional, pero también desde la firmeza”, ha afirmado la consejera.
Modificar las reglas antes de 2027: una obligación legal
Gómez ha lamentado que se estén perdiendo oportunidades para modificar las reglas de explotación y que se pretenda aplazar su revisión hasta 2027, cuando el Real Decreto vigente establece que deben aprobarse con anterioridad y “ya han pasado dos años”, ha indicado.
Por su parte, la consejera ha recordado que el lobby agroalimentario del Levante ejerce una enorme presión porque el agua trasvasada les resulta mucho más barata que la desalada, y ha insistido en que “mientras no paguen en su justa medida por ese recurso, la situación seguirá siendo insostenible e injustificable”.
