La consejera de Educación, Cultura, Deportes de Castilla-La Mancha, 
, ha anunciado que el Gobierno regional ha tomado la decisión, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, de autorizar al Gabinete Jurídico la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, “frente al Real Decreto por el que se regulan las características generales de la pruebas de la “reválida” de 6º de Primaria”.
Reyes Estévez ha hecho este anuncio hoy, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha añadido que, previo a este recurso, “la Consejería había presentado un requerimiento en el mes de enero que fue rechazado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. Asimismo, ha puntualizado la titular de Educación, “en el día de hoy, remitiremos desde la Consejería al presidente del Senado la solicitud de convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de Comunidades Autónomas, con objeto de que valore la situación actual de implantación de la LOMCE”.
“El pasado 6 de abril, remitimos una carta al Ministerio rogándole la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación ante los graves problemas que la aplicación de la LOMCE están generando en este momento”, ha explicado la consejera. “Convocatoria comprometida con las comunidades autónomas el día anterior, en reunión de la Comisión General”, ha añadido.
Asimismo, la titular de Educación ha explicado que también hoy, se ha hecho llegar otro escrito en el que se ha insistido, una vez más, en la necesidad inexcusable e inaplazable de convocatoria de la Conferencia de Educación, “que reitera el compromiso adquirido el 5 de abril y que tendría que haber sido ya convocada”.
12 comunidades autónomas en contra
Durante su intervención, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha subrayado que, en estos momentos, hay 12 comunidades autónomas que se han posicionado en contra de la realización de la “reválida”. A este respecto, Reyes Estévez ha destacado que “el desacuerdo es mayoritario, tal y como está planteada, ya que carece del carácter continuo, global, formativo y orientador propio de toda evaluación educativa, no cuenta con consenso y genera ansiedad en el alumnado y las familias”.
La consejera también ha explicado que “supone un cuestionamiento implícito” de la profesionalidad y de la objetividad evaluadora del profesorado, genera importantes dificultades organizativas y funcionales en los centros educativos, “que afectan no solo al alumnado evaluado sino también al alumnado de todo el centro”, y solo da pie a una competitividad mal entendida entre colegios.
Por último, Reyes Estévez ha recalcado que el Gobierno en funciones de España, tratando de alejar el foco de lo que realmente preocupa a las familias, docentes y alumnos, “lo único que hace es generar más problemas”, que se suman a las enormes necesidades que en estos momentos tiene la Educación, “a las que no muestran voluntad alguna de querer solucionar”.
