El Gobierno regional ha aprobado hoy con los sindicatos el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del que se beneficiarán aproximadamente unos 7.500 laborales y que contiene, entre otras mejoras, un concurso permanente de traslados, la cobertura de vacantes y bajas en servicios de atención directa a los usuarios y la recuperación de la indemnización por incapacidad permanente.
La aprobación se ha producido en la reunión de hoy de la comisión negociadora, que se ha celebrado en la Escuela de Administración Regional y que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.
El Gobierno de Emiliano García-Page comenzó a negociar este nuevo convenio para el personal laboral de la Administración regional en septiembre de 2015 y se ha llegado a este acuerdo tras 24 reuniones con los sindicatos, un reflejo del diálogo social que desde el inicio de la legislatura ha caracterizado al Ejecutivo castellano-manchego.
El VIII Convenio Colectivo para los laborales incorpora mejoras en los planes de recursos humanos, un concurso permanente de traslados, bolsas de trabajo y facilidades en la movilidad funcional y geográfica.
Igualmente, con este nuevo Convenio se avanza en aspectos como la cobertura de vacantes y bajas en servicios de atención directa a los usuarios, se recupera la indemnización por incapacidad permanente total y los complementos personales transitorios y se incorpora un protocolo de prevención de riesgos laborales.
Con este Convenio Colectivo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la materialización del compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, de recuperar los derechos y mejorar las condiciones de los empleados públicos a lo largo de esta legislatura, en colaboración con los sindicatos.
Con este mismo objetivo, el pasado año el Gobierno de Castilla-La Mancha alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para mejorar las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos, lo que ha permitido, entre otros avances, devolver la totalidad de la paga extraordinaria suprimida en 2012 y recuperar el complemento de incapacidad temporal y los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por antigüedad. También gracias a este mismo acuerdo se devolverá el tres por ciento salarial.
