El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado que hasta el próximo 31 de agosto se puede solicitar el Bono Social de Conectividad. Se trata de una convocatoria que cuenta con una partida de 1.358.880 euros proveniente de los fondos Next Generation, transferidos a la Comunidad Autónoma a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para “financiar que los hogares en situación de ‘vulnerabilidad severa’ puedan contratar nuevos servicios de conexión a banda ancha fija o incrementar la velocidad de los ya contratados”.
Así lo ha manifestado Alipio García, director general de Cohesión Territorial, quién ha animado a los posibles beneficiarios a solicitar este ayuda; “tienen más de un mes aún por delante para hacerlo”, ha dicho, recordando que pueden acceder a toda la información detallada a través de la página web https://ayudasconectividad.castillalamancha.es/ o llamando al 925 268 908.
Se pueden beneficiar del Bono Social de Conectividad todas aquellas personas consumidoras censadas en Castilla-La Mancha ‘vulnerables severas’ que ya han sido beneficiarias del Bono Social Térmico 2021 y 2022. El Ejecutivo autonómico ya ha enviado casi 155.000 comunicaciones informativas (SMS, mails y cartas), con el propósito de incentivar el acceso a este Bono.
García, que ha agradecido a los 23 operadores (principalmente locales de la región) su “vocación de servicio público de proximidad acercando las telecomunicaciones a los hogares que lo necesitan”, ha detallado que el importe que puede llegar a recibir cada familia, de las que un 31 por ciento cuentan además con el hándicap añadido de residir en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, “va a ser de 240 euros que se descontarán de sus facturas habituales de servicios de telecomunicación durante doce meses”.
Ya se han concedido cerca de 800 Bonos Sociales de Conectividad a las familias vulnerables que lo han solicitado “pero todavía queremos llegar a más, por eso animamos a solicitarlo a quién no lo haya hecho aún”, ha subrayado el director general de Cohesión Territorial, concluyendo que se trata “de una medida más que impulsa el Gobierno regional para disminuir la brecha digital en nuestro territorio. Tenemos claro que el acceso a las telecomunicaciones es un derecho de toda nuestra ciudadanía, independientemente de su condición socioeconómica y el lugar donde vivan las familias”.
