Este lunes 22 de mayo ha comenzado una huelga indefinida en la Administración de Justicia convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT. Huelga que en Castilla-La Mancha está teniendo un seguimiento de en torno a un 80 %.
Desde UGT Justicia Castilla La Mancha, su responsable Antonio Marín, lamenta profundamente la incapacidad y la falta de voluntad absoluta de negociación por parte del Ministerio de Justicia, que sigue enrocado en un inmovilismo irracional ante las legítimas pretensiones laborales de los más de 45.000 funcionarios de justicia de toda España.
Antonio Marín destaca que, tras más de un mes de huelga, (que ha tenido un seguimiento masivo cercano al 80 por ciento en Castilla-La Mancha), este Ministerio de Justicia sigue sin convocar a los sindicatos a la mesa de negociación para solucionar el conflicto.
“Este es un claro desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, y es que, mientras la ministra llega a acuerdos con las asociaciones de jueces y fiscales, con el resto de trabajadores de la administración no se quiere ni sentar, demostrando un clasismo incomprensible por parte de una ministra socialista. Como responsable de esta administración, ella es la responsable del colapso que esta situación de huelga está provocando en la Administración de Justicia”.
Las reclamaciones de los sindicatos convocantes de la huelga son claras, paralización y negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que deteriora de manera irreversible los derechos laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia, una clarificación y reconocimiento de la funciones reales que realizan con una retribución justa de las mismas, la inmediata negociación de la carrera profesional, que lleva bloqueada más de cuatro años, y la eliminación de las diferencias retributivas de los grupos de población.
El responsable de UGT Justicia, Antonio Marín ha vuelto a solicitar la dimisión o cese de la ministra de Justicia Pilar Llop si se mantiene en su postura inmovilista de no negociar, una postura que supone un claro atentado al derecho a la negociación colectiva recogido en el artículo 37 de nuestra Constitución.
