La Federación de Caza de Castilla-La Mancha considera inaceptable el tratamiento que el borrador de reglamento de caza da a los titulares de cotos. Y es que varios de los artículos de ese documento vulneran el derecho constitucional a la presunción de inocencia, al tiempo que les imponen cargas y responsabilidades totalmente desproporcionadas e imposibles de cumplirse.
En este sentido, el reglamento pretende obligar a los cotos a llevar a cabo un plan de inversiones de fomento de los hábitats de las poblaciones cinegéticas “que no podrá ser inferior al 35% de los ingresos estimados en el Plan de Ordenación”. La Federación recuerda que esto no es viable porque, entre otras cuestiones, “la práctica totalidad de los cotos son deficitarios”. A esto se suma que “en la mayoría de los cotos locales el titular cinegético no es el titular de los terrenos y no es posible realizar esas inversiones”.
Para la Federación lo que no es de recibo es que la Consejería obligue a desarrollar inversiones, cuestión que ni siquiera se menciona en la Ley que se desarrolla. La entidad entiende que lo que tendría que hacer la Administración es “reconocer que el mantenimiento de buena parte de la biodiversidad de nuestro territorio es conservado por los titulares de cotos de caza sin imposición alguna ni más condicionantes” en lugar de “excluir su propia responsabilidad”.
En esta misma línea, el borrador establece como obligación de los cotos el desarrollo de “medidas de fomento de hábitats a realizar en los cinco años e indicadores de seguimiento de resultados con respecto a la fauna silvestre del acotado”, algo que -recuerda la Federación- “es imposible de cumplir en cotos locales y cotos de los pueblos donde el titular del coto no puede disponer de los terrenos”. Y es que, explica el presidente de la Federación, Agustín Rabadán, “no parece lógico pretender que sean los cotos los que en muchos casos obliguen a los agricultores a realizar mejoras de hábitats, algo que debe corresponder a la Administración”.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS TITULARES
Otro de los aspectos más negativos del borrador que se está tramitando, es la criminalización de los titulares de los cotos, ya que les considera responsables de todo lo que ocurre en sus terrenos sin tener en cuenta las circunstancias. “El propietario o titular será responsable si ha ordenado la actuación, pero nunca podrá responder por la actuación de sus empleados”, explica Rabadán.
Por otra parte, le obliga a “establecer las medidas necesarias para evitar la colocación y existencia no autorizada en sus terrenos de cebos envenenados en circunstancias susceptibles de dañar a la fauna silvestre”.
Para la Federación de Caza, “aunque el veneno no tiene en la caza su única causa, sin embargo, de salida, se establece la responsabilidad objetiva del titular del coto, como si fuera el fiador de los actos de todas las personas que pasan por unos terrenos de los que únicamente dispone de los derechos de caza”. Para Agustín Rabadán “no se puede entender que se haga responsable al titular del coto de un acto delictivo cometido en mitad del campo y del que no consta el autor”. Esta manera de legislar, entendemos que vulnera de manera flagrante el principio constitucional de la presunción de inocencia al que toda persona tiene derecho.
En este sentido, la Federación de Caza ya ha puesto de manifiesto estas cuestiones en sus alegaciones al borrador, planteando la eliminación de dichas imposiciones.
