El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación celebrado este lunes ha aprobado la propuesta del modelo del nuevo convenio regulador para la gestión de tributos de los ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades conquenses. Como novedad, este acuerdo permitirá a los consistorios delegar la competencia de los Impuestos voluntarios como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Plusvalía o la gestión en período ejecutivo de ingresos públicos como los gastos generados por demoliciones, entre otras cuestiones.
La vicepresidenta del OAGTR, Nuria Illana, ha calificado este nuevo convenio como “polivalente y ambicioso”, ya que va a beneficiar a los consistorios, sobre todo a los más pequeños, que no tienen personal especializado en tributos locales y que en ocasiones se enfrentaban a trámites complicados como ejecutar a un vecino o vecina el coste de derruir un edificio que se encuentra en ruinas; con este nuevo documento serán los técnicos provinciales quienes ejecuten el cobro de estas tasas “facilitando estos trámites y mejorando los ingresos que reciben las administraciones locales”.
La responsable provincial ha señalado que esta medida nace de escuchar las necesidades que tienen los ayuntamientos y ayudarles en las dificultades que se encuentran en su día a día, además, a juicio de Illana, se hace con una nueva herramienta que será “moderna y eficiente”, de esta forma, la provincia y su gestión de tributos cumplen todos los requisitos que demanda la sociedad digital en la que vivimos.
Illana ha declarado que el cambio que van a disfrutar los ayuntamientos es notable debido a que hasta ahora sólo se cobraban los impuestos obligatorios como IBI, IAE o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como en el periodo de ejecutiva conceptos como multas o sanciones; a partir de ahora en el periodo de ejecutiva se podrá cobrar “todo tipo de ingresos públicos”, un salto cualitativo muy grande para todos esos alcaldes y alcaldesas de pueblos muy pequeños, que tenían mucha dificultad para percibir estas tasas, según ha apostillado la diputada.
La propuesta del convenio aprobada ayer en el Consejo Rector debe pasar ahora por la Comisión de Hacienda de la Diputación de Cuenca y luego ser ratificada en pleno, tras estos trámites debe también ser aprobado en los plenos de todos los ayuntamientos y entes públicos de la provincia que quieran adherirse, a excepción del Ayuntamiento de la capital que es el único que no tiene delegadas las competencias en Diputación. Este acuerdo viene a sustituir al actual cuyo periodo de vigencia finaliza el 31 de diciembre de este año, siendo la duración de este nuevo acuerdo de cuatro años más otros cuatro prorrogables. Además, como no podía ser de otra manera, se adapta a las obligaciones normativas que exige la legislación en materia de administración electrónica y protección de datos.
