La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha crecerá en el año 2020 hasta las 25.300 actuaciones, e incrementará en más de un 13 por ciento la labor en la prevención de riesgos laborales, según ha aprobado hoy la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social celebrada en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y presidida por su titular, Patricia Franco.

La acción inspectora crecerá hasta las 25.300 actuaciones en 2020 y aumentará más de un 13 por ciento en la prevención de riesgos laborales
La Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado el programa territorial de objetivos para el próximo ejercicio.

La comisión, que aglutina la acción conjunta del Estado y de la Comunidad Autónoma, se ha reunido para evaluar los resultados provisionales de la actividad inspectora del presente ejercicio y trazar la hoja de ruta para 2020, para el que se han asignado hasta 25.300 órdenes de servicio en Castilla-La Mancha.

Dentro de esa actividad tendrá un peso específico importante la prevención de riesgos laborales, que aglutina una de cada cuatro órdenes de servicio. La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en esta área crecerá un 13,19 por ciento con respecto a la de este año, pasando de las 6.046 actuaciones a las 6.864 órdenes de servicio que se han asignado al territorio el año próximo. Dentro de esta área la actividad programada crece un 10,4 por ciento y la actividad rogada un 23 por ciento.

En el ámbito de las relaciones laborales y el empleo, las actuaciones previstas para el año próximo descienden levemente con respecto a las programadas a lo largo de este 2019, pasando de 5.328 a 5.099, pero mantiene una elevada actividad en los programas que tienen un mayor impacto en la calidad del empleo, como la lucha contra el fraude en la contratación laboral, que comprende 1.366 actuaciones específicas para el año próximo, y en el control de la contratación a tiempo parcial, con 1.031 actuaciones específicas programadas en 2020.

En cuanto a las acciones previstas en el área específica de la Seguridad Social, el programa territorial comprende un incremento del 7,6 por ciento el próximo año hasta alcanzar las 4.730, y se reservan otras 7.090 órdenes de servicio para el control de la economía irregular, asignándose el resto de actuaciones previstas para el año próximo a otras labores de control propias de la Inspección.

Por provincias dentro de Castilla-La Mancha, el programa operativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social focaliza la acción en la prevención de riesgos laborales, que copará el 25 por ciento de las actuaciones a desarrollar en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, y llegará hasta el 30 por ciento en Guadalajara y Toledo; junto con el control y acciones para la erradicación de la economía irregular, que concentrará el 30 por ciento de las actuaciones en Albacete, Cuenca y Ciudad Real y hasta el 27 por ciento de las órdenes de servicio en Guadalajara y Toledo.

La Comisión también ha abordado las elevadas ratios de la Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha respecto a la población afiliada a la Seguridad Social, especialmente en las provincias de Toledo y Ciudad Real, por lo que se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con nuevos subinspectores de seguridad y salud laboral de la nueva escala.

Resultados provisionales de la Inspección en este 2019

 La Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se ha celebrado hoy en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo también ha puesto sobre la mesa los resultados provisionales de la actuación inspectora en lo que va de año, habiéndose finalizado hasta 17.002 órdenes de servicio a fecha 18 de octubre, lo que supone incrementar la actividad respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se habían completado 16.910.

Por áreas, para la persecución de los fraudes en empresas ficticias, acción que se desarrolla en colaboración estrecha con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha instado la baja en la Seguridad Social de 594 personas que estaban de alta de manera irregular, y entre enero y octubre se han tramitado sanciones por 602 infracciones por falta de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena, con una cuantía de 2,36 millones de euros; 83 infracciones por falta de alta en la Seguridad Social por cuenta propia; 153 infracciones por la compatibilización de una prestación por desempleo y un trabajo; 183 infracciones por beneficiarios de prestaciones que las percibían de manera fraudulenta y 174 infracciones por el empleo de trabajadores extranjeros sin la debita autorización laboral. Las infracciones en esta materia han derivado en una recaudación de 6,21 millones de euros.

En el ámbito del empleo y las relaciones laborales, se han finalizado 4.151 órdenes de servicio en lo que va de año, por los 3.901 expedientes que se habían resuelto en el mismo periodo del año anterior. El total de infracciones detectadas es de 404, por las 294 del ejercicio 2018, y el mayor número de infracciones corresponden al control de la jornada laboral, con 118; seguida irregularidades en los contratos de trabajo (92), los impagos salariales (61) y la cesión ilegal de trabajadores (17). Además, se han incoado 10 actas de infracción por discriminación por razón de sexo.

En los diez primeros meses de este año se han revisado 12.175 contratos de trabajo y 4.801 de ellos se han transformado en indefinidos, a los que hay que sumar los 3.342 que se han transformado desde agosto del año pasado a través del Plan Director por un Trabajo Digno. Además, 628 trabajadores a tiempo parcial han visto ampliada su jornada.

Por último, en materia de prevención de riesgos laborales, la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha dado cuenta de 4.086 órdenes de servicio finalizadas, una cifra muy superior a las 3.604 del mismo periodo del ejercicio anterior, entre enero y octubre, lo que denota un incremento en el esfuerzo en la prevención de la siniestralidad laboral. A través de esas actuaciones se han detectado y sancionado 674 infracciones por las 509 registradas en el mismo periodo de 2018, que afectan a 3.778 empleados y que han supuesto una cuantía de 2,23 millones de euros.

En éste ámbito también se han practicado 5.206 requerimientos (por los 3.960 del año anterior) entre los que destacan aquellos relacionados con las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo (933), las evaluaciones de riesgos y planificación preventiva (640) y la mejora en los medios de protección personal (399).

La Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la componen la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el SEPE; la Subdirección General de Relaciones Institucionales de Inspección de Trabajo; la Tesorería de la Seguridad Social y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.