Izquierda Unida ha denunciado públicamente la actitud del Gobierno municipal durante el último Pleno, en el que una concejala del Ejecutivo realizó una extensa exposición sobre el proceso de clasificación de las ofertas de las empresas que aspiran a prestar el servicio de las escuelas infantiles municipales, a pesar de que este asunto no figuraba en el orden del día de la sesión porque ellos mismos lo retiraron sin que mediara ninguna explicación.
Para la formación, lo ocurrido supone un uso claramente impropio de las reglas democráticas del Pleno, al utilizar el turno de ruegos y preguntas, destinado principalmente, al control del Gobierno por parte de la oposición, para realizar una intervención larga sobre la gestión del propio Ejecutivo y hurtar así el debate al resto de concejales y concejalas.
“Lo que vimos en el Pleno fue un abuso de autoridad y una falta de respeto a las normas básicas de funcionamiento democrático de la institución. El turno de ruegos y preguntas, tal y como establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no permite que se realicen exposiciones extensas o debates sobre temas no incluidos en el orden del día, y menos, para que el Gobierno se monte su propio punto del orden del día y dé un mitin para justificar su gestión”, ha señalado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar.
“La señora presidenta debió haberle recordado a la concejala, dado que su deber era moderar las intervenciones, que el turno servía para formular preguntas breves o ruegos concretos, no para discursos improvisados. Sin embargo, y con la mirada ya puesta en el aquelarre del día siguiente, parecía deleitarse en la idea de forzar a ciertos ediles a pedir disculpas y rectificar, solo por haberse atrevido a exigir en la sesión plenaria que se ciñeran a la legalidad y a la verdad, como si su plan de venganza fuera la verdadera sesión del día”.
Además, ha indicado que el asunto tratado no es menor, ya que afecta al proceso de clasificación de ofertas de las empresas que optan a gestionar un servicio público esencial como son las escuelas infantiles municipales. “Precisamente por la importancia de este servicio, el Gobierno debería actuar con absoluta transparencia y permitir que estos asuntos se debatan donde corresponde: en los puntos del orden del día y con toda la información sobre la mesa”.
En la misma línea se ha pronunciado el edil, Rodrigo Vasco Blas, quien considera que lo ocurrido refleja una forma de gobernar basada en evitar el control político.
“Es muy grave que el Gobierno utilice un turno destinado al control de la oposición para lanzar una exposición unilateral sobre un proceso administrativo tan sensible como la clasificación de las ofertas de las escuelas infantiles, cuando desde nuestra formación le hemos advertido en diferentes ocasiones de la existencia de unas determinadas incidencias en los certificados que habría que corregir para que el proceso contara con todas las garantías jurídicas y preservar así la calidad del servicio. Incluso, el propio Departamento de Intervención ha indicado por escrito la necesidad de emitir un nuevo informe técnico que preste especial atención a la vigencia de esos certificados y a la acreditación del organismo certificador.
Sin embargo, nada de eso explicó la Concejala. Lo que vimos en el Pleno fue justo lo contrario: abuso del turno de palabra y desprecio por el funcionamiento democrático”.
Además, ambos ediles han querido aclarar que, “la confección del pliego de cláusulas administrativas y técnicas no guarda relación directa con los criterios puntuables que posteriormente se aplican para la adjudicación del contrato. Tal y como establece la normativa en materia de contratación pública, y en particular la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los pliegos constituyen el marco regulador del contrato, fijando las condiciones administrativas, técnicas y jurídicas que rigen la prestación del servicio, mientras que los criterios de adjudicación son los instrumentos objetivos de valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. Se trata, por tanto, de fases y elementos jurídicamente diferenciados dentro del procedimiento de licitación. La redacción del pliego corresponde únicamente al departamento técnico o a la unidad promotora del contrato, ya que requiere conocimientos especializados sobre el objeto de este. Los cargos políticos o el órgano de contratación se encargan, en su caso, de aprobar los pliegos dentro del procedimiento administrativo, pero no son quienes redactan su contenido técnico.
Mezclar deliberadamente ambos planos tal y como hizo la Concejala en el Pleno con una intencionalidad clara, no sólo genera confusión, sino que desvirtúa el debate público sobre el proceso de contratación, que debe regirse por los principios de transparencia, objetividad y concurrencia que inspiran la legislación vigente”.
“Estamos hablando de un servicio público fundamental como es la educación y el cuidado de la infancia. Lo mínimo exigible es transparencia, voluntad de dar explicaciones y tratar de resolver las incidencias que presentaba una de las ofertas en cuanto a la validez de los certificados”, han concluido.
Desde Izquierda Unida les recuerdan que las instituciones no están para que el Gobierno se proteja del control político, sino para que rinda cuentas ante la ciudadanía y advierten de que seguirán fiscalizando la actuación del Gobierno municipal y exigiendo que el proceso relacionado con las escuelas infantiles se desarrolle con todas las garantías.
