Los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen obligación de adoptar una serie de medidas antes del 31 de diciembre en relación con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, entre las que se encuentran las Zonas de Bajas Emisiones. Para dar cobertura legal a la Zona de Bajas Emisiones el Ayuntamiento de Guadalajara publicó una Ordenanza que hasta el día de ayer estaba en fase de exposición pública para las aportaciones de vecinas y vecinos y entidades. Izquieda Unida ha planteado trece alegaciones para mejorar un documento que en opinión de la formación de izquierdas “es poco ambicioso, en primer lugar porque no garantiza que se cumplen todas las obligaciones legales pero, sobre todo, porque no entiende la emergencia climática en la que nos encontramos y actúa en consecuencia”.
Para la formación de izquierdas el documento publicado no es coherente con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en vigor. Y no lo es porque no aborda la peatonalización, que mejora la movilidad, reduce las emisiones y hace que las personas ganemos espacio público. Los coches excluidos serán únicamente los matriculados entre 1993 (lo anteriores son ya “históricos”) y 2001 para gasolina, y 2006 para diesel.
Para Izquierda Unida el problema no es que accedan unos pocos coches viejos al centro, que es lo único que se limita, sino reducir los desplazamientos en coche ofreciendo alternativas peatonales, de movilidad en bicicleta, tranporte público o aparcamientos disuasorios para coches privados.
Izquieda Unida propone limitar accesos a vecinas y vecinos, carga y descarga, movilidad reducida, usuarios de centros sanitarios y servicios básicos en el entorno de, al menos, los centros sanitarios y educativos dentro de la ZBE, con el objetivo de reducir las emisiones en entornos especialmente sensibles.
