Según Cáritas, en España hay 40.000 criaturas que sufren sinhogarismo y otro millón y medio que vive en infraviviendas, es decir, en hogares que no cuentan con los servicios elementales y que obligan a una vida personal y familiar en condiciones deplorables. Estas cifras intolerables conviven con el derecho a la vivienda como mandato constitucional, siendo la prueba evidente de que a quienes se les llena la boca de Constitución y de respeto a la ley son los primeros en traicionarla.
Vivir en la calle no es una elección personal, no es un accidente, es una injusticia y un dolor provocado por un sistema inhumano y miserable dirigido por bancos y cajas de ahorros sin escrúpulos, especuladores, fondos buitres, leyes ilegítimas y políticos cómplices.
Verse obligado a vivir en la calle es algo inimaginable para quienes duermen todas las noches confortablemente bajo un techo seguro. Las personas que viven en la calle sufren un deterioro físico y mental que, alcanzado un punto, es irreversible. Las personas sin techo sufren heridas incurables en su dignidad, en sus capacidades y en su voluntad, fruto de un desgaste que mina a la persona humana en su esencia más radical e íntima. Por tal razón, entre los sintecho abundan las toxicomanías, las enfermedades mentales y del cuerpo, así como la pérdida severa de autonomía por la destrucción de su autoestima, de sus habilidades personales y sociales básicas.
Pero hay algo que les ocurre a los sintecho que no se suele mencionar: las personas que sufren esta violencia se vuelven invisibles, no votan, no cuentan, no existen, no están. Incluso, su presencia incomoda, molesta y en el colmo de la injusticia, los más despiadados les hacen responsables de su situación tan desgraciada.
Según los ediles del grupo municipal de Izquierda Unida, “Azuqueca de Henares no es ninguna excepción a esta regla, lamentablemente. Que la promoción de 65 viviendas, plazas de garaje y trasteros situada en la Calle Navarrosa, se encuentre en estado de abandono por parte de sus propietarios desde el mismo momento de la concesión de la licencia de primera ocupación, concretamente el 23 de febrero de 2012, no es nada nuevo. Todos conocemos esta situación y numerosísimas veces nuestro grupo ha exigido que el gobierno municipal actuara defendiendo a quienes allí malviven de precariedades, mafias y extorsiones, y exigiera a sus propietarios que evitara su ruina calculada.
El Alcalde socialista por aquel entonces, Pablo Bellido y actual diputado nacional, y su concejal de Hacienda, José Luis Blanco, hoy Alcalde también, no hicieron nada para evitar el deterioro del edificio de la Calle Navarrosa, ni tampoco para atender a las personas que allí se alojaban porque no tenían a dónde ir”.
Según la portavoz del grupo de IU, Mª José Pérez, “el 11 de mayo del presente año, conocíamos a través de una nota prensa que el Ayuntamiento iba a iniciar el desalojo definitivo de los edificios ocupados de la Calle Navarrosa. La noticia se ilustraba con un nuevo posado del señor Alcalde junto con el Concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio de Luz. Esa misma noticia ha salido publicada en el último número de la revista municipal Azucahica y en ella el señor Alcalde dice que las personas que residen en estos edificios han generado en los últimos tiempos numerosos problemas de convivencia en estos edificios…”
“Mis compañeros y yo nos hemos personado en el lugar y hemos podido comprobar que el edificio no cumple las condiciones mínimas y en él malviven un número importante de personas, muchas de ellas con menores a su cargo, alguna mujer embarazada y enfermas que no reciben ninguna ayuda, que no pueden cocinar ni calentar agua porque no tienen gas, que para nada son personas conflictivas y que lo único que han hecho es procurar un techo para sus familias. Lo más grave es que esta situación dura ya siete años porque ni Pablo Bellido ni José Luis Blanco atendieron a esas víctimas de la crisis como merecían sino, todo lo contrario, las abandonaron a su suerte”, afirma Pérez.
“Por todas estas razones debatiremos en el próximo Pleno una moción que hemos presentado exigiendo que el Ayuntamiento para que sepa distinguir a la hora de actuar y de hacer declaraciones, entre las personas que han ocupado un edificio porque no tienen dónde ir de las personas conflictivas que puede haberlas en cualquier lugar del municipio sin que necesariamente estén en un edificio ocupado. En el caso de que se produzcan conflictos, el Ayuntamiento adoptará medidas como viene haciendo hasta ahora en cualquier zona para evitar problemas de convivencia, aplicando la ley en el ámbito de sus competencias.
Y por otro lado, que se comprometa a que antes de que se produzca ningún desalojo, dar techo mediante alquileres públicos, tal y como le venimos proponiendo desde que comenzó la legislatura (bolsa pública de vivienda en alquiler) así como medios de vida y futuro, a quienes viven en tan lamentable situación, para lo cual se adelantarán de manera inmediata los recursos municipales necesarios para ello, reclamando posteriormente a las administraciones responsables su devolución y sostenimiento”.
“Vamos a hacer todo lo posible por ayudarles, porque lo primero que no debería olvidar un gobernante es que hay que atender a las personas y no a sus propios intereses”, finaliza la portavoz de la formación.
