“Vergonzosa la actitud de la señora Martín, Concejala de Promoción de la Salud, que lejos de defender los intereses de las vecinas y vecinos de Azuqueca de Henares y de toda la provincia, prefirió defender una vez más a su jefe, Emiliano García-Page”. Así califica la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez, el comportamiento mantenido por la edil en el debate de la moción presentada por la formación de izquierdas, con la que solicitaban que Azuqueca de Henares recuperase la ambulancia de Soporte Vital Básico perdida tras la aprobación del nuevo pliegos de condiciones para el transporte sanitario por parte del Gobierno Regional y se restituyeran los recortes sanitarios en la comunidad autónoma.
Para Pérez, “aunque la señora concejala se ciñera al título de la moción y al compromiso adquirido por el señor Consejero, Jesús Fernández Sanz, el pasado 15 de diciembre en sesión plenaria de que la ambulancia de Soporte Vital Básico no se movería de nuestro municipio y todo ello, gracias a la denuncia política, sindical y vecinal, la moción solicitaba además, que el resto de la provincia cuente con los servicios de transporte sanitario que reclaman tanto profesionales del sector como sindicatos, que se revierta el recorte del 23% aplicado desde el año 2012, con un calendario de obligado cumplimiento pactado con sindicatos, organizaciones sanitarias y profesionales y que se reviertan con urgencia el resto de los recortes que sufre la sanidad en nuestra región y que afectan a nuestra provincia y ciudad. Pero la señora Martín prefirió leer un argumentario escrito por sus jefes, vacío de contenido, para evitar que se le recordara que el presupuesto destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales por parte del Gobierno de García-Page (4.979 millones de euros) era similar a la partida presupuestaria que destinó a estas áreas el Gobierno de Cospedal en el año 2012 (4.974 millones de euros). Afortunadamente, no lo consiguió, porque desde Izquierda Unida se lo recordamos. Aún así, está señora optó por soportar el bochorno que supuso escuchar que el PSOE de Page consolida los recortes del PP, porque para ella las directrices del partido están por encima de cualquier defensa de los derechos básicos.
Tampoco le gustó a la señora Martín y a su grupo que le recordáramos que la partida presupuestaria que había destinado el Gobierno Regional al Instituto de la Mujer, 16,6 millones de euros, era un calco de la que destinó Cospedal en el año 2012, ni tampoco la denuncia de los sindicatos en cuanto a la reducción de plantilla que suponen la aprobación de los nuevos pliegos para el transporte sanitario. En el año 2008 el Gobierno de José María Barreda situó el mínimo de plantilla exigible en este sector, indicando en los pliegos de condiciones que el número mínimo de trabajadores debería estar en torno a los 1.900. En el año 2012, Cospedal eliminó este requisito y las plantillas fueron reducidas por las empresas drásticamente, mediante despidos, situándose en la actualidad en unos 1.580 trabajadores. Los nuevos pliegos implicarían una nueva reducción de 1.580 trabajadores a 1.286, lo que supondría agravar aún más los despidos y recortes realizados anteriormente bajo el gobierno de Cospedal”.
“Antes, los ediles de este gobierno municipal denunciaban públicamente, ahora califican a la denuncia pública de escándalo y a los que lo hacen, de escandalosos. Antes se sumaban a las manifestaciones, ahora no acuden a ninguna. Antes, denunciaban con pancartas, ahora las pancartas están guardadas y antes presentaban mociones (un media de dos mociones por Pleno) denunciando las mismas barbaridades que se cometen actualmente. Ahora se atreven a votar en contra de una moción que defendía un derecho básico como es la sanidad porque para muchos de los miembros de este gobierno municipal, su salario y la intención de jubilarse en el cargo depende de la lealtad que proclamen a su jefe.
Este es el equipo que gobierna nuestro municipio, un grupo cómplice de los recortes que apoya un pliego idéntico al que provocó un deterioro profundo hace cuatro años, con las consecuencias negativas que ha producido sobre enfermos, conductores y sanitarios, saturación del servicio, cientos de despidos y un empeoramiento muy acentuado de las condiciones laborales de los profesionales del sector”.
