El grupo de Izquierda Unida ha manifestado que las consecuencias económicas que está provocando la crisis sanitaria empiezan a verse. Despidos, ERTEs, cierres de empresas, ayudas que no llegan, dificultades para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, familias desahuciadas haciendo colas a las puertas de las parroquias para adquirir alimentos, etc. Un panorama desolador, con unos índices de pobreza más altos que nunca tal y como ha indicado, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en su Informe anual de seguimiento del indicador AROPE en España y sus comunidades con la necesidad de más recursos asistenciales y con el Estado de Bienestar muy agotado. No solo económicamente.
La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha señalado que Azuqueca de Henares, desgraciadamente, no es una excepción y que llevamos meses advirtiéndolo al Gobierno municipal. Afirma que desde que se decretara el estado de alarma debido a la situación sanitaria, han realizado propuestas para que el Ejecutivo de Blanco pusiese en marcha y con urgencia una red de recursos y de ayudas para poder atender a la población que más duramente estaba siendo castigada por la pandemia.
Sin embargo, Pérez ha proseguido afirmando que casi siete meses después del inicio del la crisis, el municipio se encuentra en una situación desoladora y con un Departamento de Servicios Sociales saturado y todo, porque el Gobierno sigue cruzado de brazos.
Las trabajadoras sociales están agotadas de ejercer su labor sin medios y de que este Gobierno haga que la ciudadanía tenga de ellas una imagen de meras gestoras de ayudas, cuando no es así. Estos dirigentes, con su nefasta gestión, han diluido las funciones propias y el valor de la intervención de estas profesionales. Han dejado que la importancia tan esencial que ha supuesto siempre la figura del trabajador social se degrade, le han dado la espalda para que no sea partícipe a la comunidad, para convertirla, a simple vista, en una burócrata que tramita ayudas. Es así como este Gobierno entiende que se defienden los servicios públicos.
El Código Deontológico define el trabajo social como «una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas». Además, en situaciones de emergencias, actúan de forma contundente, pero lo que no se puede pretender es que lo sigan haciendo sin medios.
Pérez ha señalado la necesidad que hay de que los Servicios Sociales municipales sean reforzados con urgencia y así se lo ha trasladado en infinidad de ocasiones al responsable del área de Cohesión Social, David Pinillos. Elogia el trabajo que se hace desde las distintas ONGs que colaboran con el Ayuntamiento a través de las subvenciones que reciben para ayudar a los demás desfavorecidos, pero insiste en que no nos debemos conformar con eso, tal como pretende el señor Pinillos.
La portavoz de la formación de izquierda ha finalizado haciendo hincapié en la necesidad de defender a los servicios públicos y para ello hay que exigir a las autoridades competentes, en este caso al Gobierno municipal, una dotación necesaria de recursos humanos y materiales suficientes, que se abogue por una intervención directa desde el departamento para que a su vez, se les dé respuesta urgente a esa ciudadanía que está desesperada, y no palabrería como la que da el señor Pinillos, y por supuesto, que se valore el trabajo que realizan las profesionales. Si un político no sabe o no quiere tener en cuenta estos factores y más en momentos de crisis como el actual, debería estar pensando en marcharse.
