Los ediles del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares denuncian el número de quejas que están recibiendo por parte de los usuarios, una vez que las registran en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, en protesta por el último despido de un trabajador, acaecido el pasado día 24 de septiembre.
“Distintos grupos de natación a los que el trabajador despedido impartía clases están haciéndonos llegar su malestar ante el despido injustificado de esta persona. No pueden entender como la empresa adjudicataria de este servicio, La Alameda, Agua y Salud, haya despedido a tan excelente profesional sin motivo razonable. Lo más grave de todo es que estas quejas también se las han hecho llegar al señor Concejal de Deportes, Sergio De Luz, y al señor Alcalde, y lo único que han hecho es dar la callada por respuesta”, afirma la portavoz de la formación de izquierdas, María José Pérez Salazar.
Según Pérez, “pusimos en conocimiento tanto del señor Alcalde como del señor De Luz el despido del trabajador el mismo día que se produjo. Luego, fueron usuarios los que se le hicieron saber a través de sus quejas y por último, se lo volvimos a decir en la sesión plenaria del pasado día 4 de octubre, pero desgraciadamente, la situación sigue siendo la misma: el trabajador está fuera de la instalación y el Equipo de Gobierno no ha tenido ni la decencia de ponerse en contacto con él. Y luego se atreve a afirmar la portavoz del grupo socialista, la señora Sagrario Bravo, que se preocupan por la trabajadores. Con qué frivolidad se tratan algunos temas”.
“Hemos dicho en multitud de ocasiones que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son el documento contractual que regula toda la vida del contrato, por lo que se convierten en una pieza clave para el control eficaz de la Administración sobre el concesionario, pues es en estos documentos donde deben recogerse las condiciones de prestación del servicio así como las obligaciones del concesionario y los mecanismos de inspección, vigilancia y control que establece la Administración para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que tanto la legislación como los pliegos le imponen al concesionario. El problema radica en que cuando hay demasiados intereses creados, la Administración y su máximo responsable, el que gobierna, se olvida de cumplir con su obligación de inspección vigilancia y control. Esto es lo que hace el grupo socialista en Azuqueca, que deja a la concesionaria acampar a sus anchas”, finaliza Pérez.
