La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, María José Pérez, asegura que su grupo comenzará a pedir dimisiones si “el Alcalde Blanco y su equipo no dan una explicación sobre lo que está sucediendo en la piscina climatizada municipal y no ejercen medidas contra la concesionaria por el incumplimiento reiterado del pliego de condiciones y por el maltrato que reciben los trabajadores».
Según detallan en una nota de prensa remitida a El Liberal, el 24 de enero de 2014, La Alameda Agua y Salud (del grupo Rayet), empresa concesionaria encargada de prestar servicios en la instalación municipal de la piscina climatizada, despidió a una trabajadora de esas instalaciones municipales por reivindicar sus derechos y su dignidad.
Las faltas “gravísimas” de las que se le acusaba eran un montaje empresarial, como se encargó de sentenciar la justicia. «Así se lo intentó explicar la trabajadora al entonces responsable del área de deportes, señor Escudero (hoy diputado autonómico a las órdenes de Page) y al señor Bellido (del que no se conoce oficio), entonces Alcalde y de nuevo reenganchado a la sopa boba de la política profesional como diputado nacional», explican.
«Ninguno de los dos hicieron el menor caso a la trabajadora, la despreciaron, le faltaron al respeto e insinuaron, a través de terceros, la suciedad de que se merecía el despido».
«Escudero y Bellido se mantuvieron en público equidistantes ante lo que no fue sino un atropello a los derechos de los trabajadores y a la dignidad de las personas, haciendo dejación de sus responsabilidades y demostrando la moral que calzan».
El 22 de diciembre de 2011, otra trabajadora que estaba de baja por maternidad también fue despedida por Rayet en la misma instalación deportiva municipal sobre la que estos señores tenían que ejercer, como autoridades de la misma, labores de supervisión y control. Tampoco entonces movieron un dedo a favor de la trabajadora despedida. Bien al contrario, en aquellos tiempos gustaban de compadrear sospechosamente con la dirección de la empresa.
En mayo de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sentenciaba que La Alameda Agua y Salud, empresa que gestiona la piscina municipal cubierta, había pisoteado los derechos constitucionales de la primera trabajadora antes mencionada, concretamente el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la Constitución) al montarle un proceso de despido completamente falso y vengativo porque no toleraba que la trabajadora defendiera sus derechos laborales.
Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, quedaba acreditado que La Alameda Agua y Salud
“… lo que en realidad persigue es apartar (a la trabajadora) de la empresa, pese a la inexistencia de motivación de clase alguna, tras la última reclamación salarial planteada. Lo que evidencia la existencia de una conducta que encubre una represalia, con advertencia implícita para el resto del personal de la empresa, y con evidente vulneración de su garantía de indemnidad, en definitiva, de su derecho a ejercer acciones judiciales en defensa de sus derechos laborales, con vulneración así, con la conducta patronal, del artículo 24.1 CE.”
Tras esta descripción de los hechos, los magistrados concluyeron que el despido “… era nulo… que se ha llevado a cabo con vulneración de derechos fundamentales… condenando (a la empresa) a la readmisión inmediata de la trabajadora en su antiguo puesto de trabajo y en las mismas condiciones legales y/o convencionales en que lo venía desempeñando, con abono de los salarios dejados de percibir.”
«Por aquel entonces, el actual Alcalde, José Luis Blanco, era Concejal de Hacienda. Ni antes ni ahora el señor Blanco se disculpó ante la trabajadora represaliada, ni se comprometió a emprender acciones en derecho y en cumplimiento del pliego de condiciones al que debería someterse La Alameda Agua y Salud».
«¿Por qué esa falta de humanidad también en el señor Blanco? Por una razón muy simple: porque este asunto no le importa, lo cual demuestra de qué paño está hecho el corregidor, muy a juego con el de sus amigos Bellido y Escudero.»
«Lamentablemente, hemos sido conocedores en una Comisión de Seguimiento, además de las dejadez que sufren las instalaciones de la piscina climatizada, que esta empresa sigue pisoteando los derechos de los trabajadores, con el beneplácito, por supuesto, del gobierno del señor Blanco».
«Se han producido dos nuevos despidos en esta instalación municipal en esta legislatura y el gobierno permanece impertérrito, sin mover un dedo porque, según el señor Román (concejal varias veces degradado por el propio Alcalde, que se caracteriza por destruir todo lo que toca y balbucear frases incomprensibles) “para eso está la justicia”.
“Queda demostrada la ineptitud de un gobierno, liberado al cien por cien con cargo al presupuesto municipal junto con una nube de asistentes y demás colocados a dedo, donde el responsable del área de deportes, el señor de la Rúa, no sólo afirmó desconocer lo que está sucediendo en la instalación de la que es el máximo responsable, sino que a las preguntas formuladas por nuestra portavoz, Mª José Pérez, acerca de estos despidos, no se le ocurrió decir otra cosa, y citamos palabras textuales, que lo han echao y mal echao”.
«Que sepa el señor Blanco y el coro de concejales que le venera mayormente para conservar la soldada, que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son el documento contractual que regula toda la vida de un contrato, por lo que se convierten en una pieza clave para el control eficaz de la Administración sobre el concesionario. Es en estos documentos donde se recogen las condiciones de prestación del servicio así como las obligaciones del concesionario y los mecanismos de inspección, vigilancia y control que establece la Administración para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen al concesionario. De su adecuada preparación y redacción dependerá en gran medida el éxito o el fracaso de este modo de gestión que implica no sólo al operador privado en la tarea de prestar servicios a los ciudadanos y ciudadanas, sino también al gobierno. La gestión indirecta de un servicio a través de una concesión administrativa no disminuye de ninguna manera la responsabilidad de la Administración por su adecuado funcionamiento. Antes al contrario, la responsabilidad se vuelve especialmente intensa cuando el servicio comienza a prestarse por una empresa privada».
